El viernes último, el pleno del Congreso aprobó el paquete presupuestario presentado por el Ejecutivo para el 2026. Se trata de los dictámenes de los proyectos de ley de Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero del sector público. El último paso será su promulgación, que correrá por cuenta del presidente José Jerí. Es poco probable que observe las normas, a pesar que los legisladores agregaron al presupuesto una serie de disposiciones que implicarán el aumento del gasto corriente, como advertimos en esta columna la semana pasada (Gestión 26/11/2025).
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El hecho de que el Congreso no haya modificado el monto propuesto por el Ejecutivo (S/ 257,562 millones), significa que habrá reducciones a presupuestos asignados originalmente por el MEF. Los legisladores usaron la “fórmula mágica” que aplican en sus leyes que horadan la caja fiscal: autorizar que los pliegos presupuestarios afectados reasignen partidas para cubrir los nuevos gastos. Es que de esa manera, piensan ellos, no están incurriendo en iniciativa de gasto, que la Constitución les tiene prohibido. Además de cargar el Presupuesto Público del 2026 con más gasto corriente, el Congreso también dedicó noviembre a sus conocidos despropósitos.
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Por ejemplo, la Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que amplía la vigencia del Reinfo por dos años más, hasta el 31 de diciembre del 2027. Para sorpresa de muchos, el Ejecutivo ha adoptado una postura crítica. El premier Ernesto Álvarez precisó que si el pleno del Congreso aprueba el dictamen tal como está, el Ejecutivo observará la respectiva autógrafa de ley. Dijo que se debe evitar que dicha norma se convierta en un blindaje operativo a actividades mineras no formalizadas o ilegales. Habrá que ver si, para los legisladores, los intereses de esos mineros pesan más que los del país.
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Hablando de conflictos de interés, según Ojo Público, once congresistas que son profesores nombrados votaron a favor de un proyecto de ley que eleva las pensiones para maestros jubilados y cesantes. El martes, miembros de la Comisión Permanente que están siendo investigados por la Fiscalía, votaron para inhabilitar por diez años a la fiscal suprema Delia Espinoza. Y recordemos el conflicto de interés más pasado por alto: los retiros de fondos AFP, aprobados por abrumadora mayoría parlamentaria. Cabe precisar que el primero de esos retiros fue autorizado por ley diez años antes de la pandemia. Pero al actual Congreso ningún otro le supera en “generosidad”: también quiere retiros de las inexistentes cuentas individuales de la ONP.
