Ayer se supo que el Indecopi se encuentra investigando un posible cartel de laboratorios. La entidad busca determinar si es que las empresas implicadas (15 en total) y 5 personas naturales actuaron de manera coordinada en diversos procesos de contratación pública para el abastecimiento de medicamentos convocados por entidades como el Minsa y EsSalud. Son 23 los procesos que se están revisando que fueron realizados entre diciembre del 2006 y febrero del 2020.
Entre las empresas presuntamente involucradas se encuentran algunos de los laboratorios peruanos más grandes (ver páginas 4 y 5). Si luego de las investigaciones respectivas estas infracciones se confirman, por el perfil de los implicados y la gravedad del caso, podría decirse que no se veía algo así desde el llamado Club de la Construcción.
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Las distorsiones generadas por el posible cartel de laboratorios habrían impedido que diversas medicinas sean adquiridas por el Estado a un menor precio. Entre estas se encuentran productos de alta demanda y uso frecuente como la amoxicilina y azitromicina, pero también antineoplásicos e inmunosupresores para el tratamiento de enfermedades graves.
Esta revelación, grave e indignante, cobra un nuevo significado si se toma en cuenta el contexto en el que se realiza: el de la escasez actual de medicamentos en diversos hospitales de distintas regiones del país por las fallas de gestión en el Cenares, la central de compras del Minsa.
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Gestión informó esta semana que más del 60% de los recursos públicos para comprar medicamentos aún no se gasta. Especialistas han señalado que este pobre avance en la ejecución presupuestal se debe en parte a que el Cenares no realizó la adquisición de medicamentos y que gran parte de sus recursos los usó para el pago de deudas.
La “solución” ha sido optar por transferencias de fondos a regiones para que se realicen las compras de medicamentos. Sin embargo, se advierte que esto no será fácil, pues las dependencias locales no cuentan con la experiencia necesaria para realizar estos procesos de manera expedita. Eso sin mencionar que ya no se tendrán las eficiencias y mejores precios que las compras corporativas proporcionan.
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Así, el paciente se encuentra en medio de las malas prácticas e ineficiencia de los sectores público y privado. Esperamos que las investigaciones en el primer caso continúen y se sancione si se confirman las infracciones y que el Estado solucione en el corto plazo el problema de desabastecimiento que él mismo se ha generado. La salud de los peruanos no puede esperar más.
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