El editorial de Gestión: “Una pregunta que vale millones”

INVERSIONES. Desde los miles de millones dejados de invertir por la excesiva reglamentación, hasta el nuevo flanco abierto en la lucha contra los extractores ilegales, pasando por la arenga del presidente Ollanta Humala –para que los mineros ayuden a reducir nuestra dependencia del precio de los metales–, la semana pasada la minería estuvo en boca de empresarios, analistas y el equipo económico del Gobierno.

La causa de esta exposición fue el Simposio del Oro y de la Plata, y hay que decir que en estos momentos la minería necesita que el país reconozca su aporte al crecimiento económico, la generación de empleo especializado y el incremento de la recaudación tributaria. Durante los últimos dos años y medio, el Estado se ha encargado –queriéndolo o sin querer, no se sabe– de crear un entorno hostil hacia la inversión en el sector, recargándola de trámites y demorando la aprobación de permisos.

Hace unos meses se pensó que la situación cambiaría, pero, lamentablemente, se trató de una falsa alarma, pues los empresarios mineros, así como los de hidrocarburos, han continuado quejándose por la escasísima capacidad de las entidades que los supervisan para agilizar los papeleos. Algunas causas de este paso de procesión son conocidas, como el deseo de algunos ministerios de equipararse a los países más responsables con el medio ambiente –pero sin contar con los recursos técnicos adecuados para alcanzar esa meta–.

Otras han sido malentendidas: la culpa no es de la Ley de Consulta Previa sino de la lentitud con la que se está implementando, de nuevo por la falta de personal capacitado en el trabajo de campo, que en este tema es crucial. Y también figuran las "novedades", una de las cuales fue planteada por el propio ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, quien reconoció que el desorden de la descentralización retrasó la ejecución de proyectos mineros en los últimos años.

Ahora que las cosas están poniéndose color de hormiga con el crecimiento del PBI, ¿volverá sus ojos el Gobierno hacia este sector o seguirá pensando en complicarle la existencia?