Camino equivocado

CONSTITUCIÓN. El último martes, el Jurado Nacional de Elecciones consideró inviable un proyecto de ley que planteaba convocar directamente a un referéndum sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente. La decisión es acertada desde el punto de vista legal pues, en buena cuenta, lo que este proyecto propone es que eventualmente sea posible cambiar la Constitución actual por una nueva, pero lo hace ignorando las reglas constitucionales vigentes sobre cómo es posible reformar la Constitución. A diferencia de lo que ocurrió en Chile —en donde antes de hacer la consulta sobre si convocar o no a una Asamblea Constituyente, las fuerzas políticas tuvieron que llegar a un acuerdo en el Congreso para reformar su Constitución vigente y agregar un artículo que permita hacer esa convocatoria—, aquí lo que algunas fuerzas políticas pretenden es obviar ese paso. Simplemente buscan hacer la consulta directa ignorando el marco constitucional aplicable.

Más allá del debate legal, existen varios otros motivos que hacen políticamente inviable esta propuesta. Para empezar, imagine qué pasaría si esta llegara a materializarse y eventualmente ganase el ‘sí’. Si no se han definido reglas previas y se está convocando a una instancia que en teoría tiene poder absoluto, ¿cómo se definiría la composición que debería tener la asamblea? ¿Quiénes podrían postular y cuáles serían las condiciones? ¿Qué plazo tendría para actuar la asamblea? ¿Habría un segundo referéndum ratificatorio? ¿Qué entidad definiría este tipo de cuestiones? Es difícil pensar que un escenario que nos dejaría frente a tantas preguntas sin resolver y una expectativa tan alta de cambios podría ser una solución para nuestra crisis política.

Imagine incluso, para llevar el ejercicio un poco más allá, que logramos llegar a un acuerdo sobre todas estas preguntas y otras que podrían surgir. En un país con tan altos índices de rechazo a sus autoridades políticas electas, ¿qué garantizaría que esta vez sí estemos satisfechos con los representantes elegidos? ¿O que el producto final que entreguen tendría algún efecto real para resolver los principales problemas que hoy afectan a los peruanos? A juzgar por nuestra historia reciente, no sería de extrañar que, como ocurrió en Chile, una Constituyente pierda popularidad muy rápido y cualquier propuesta final sea rechazada, tras meses de incertidumbre.

Como ya hemos mencionado, es importante canalizar democráticamente los reclamos legítimos de una población insatisfecha por la situación de su país. Pero es importante hacerlo dentro del marco constitucional vigente y sin asumir riesgos excesivamente altos, que podrían derivar en situaciones peores.