Denisse Rodriguez Olivari, Investigadora de European University Institute
“La inhabilitación de Zoraida Ávalos evidencia que la rendición de cuentas horizontal sí funciona cuando se abusa del poder, para regularlo y ejercer control, como en todo Estado de derecho”, señala Vladimir Cerrón, el controvertido líder de Perú Libre y sentenciado por corrupción. Lamentablemente, no es ni el primero ni el último demócrata oportunista de nuestra política.
Ya decía Guillermo O’Donnell, uno de los más renombrados politólogos latinoamericanos, que su interés en la rendición de cuentas horizontal surge precisamente de la ausencia de esta en las nuevas democracias. Es decir, la rendición de cuentas vertical se sostiene con la organización regular y libre de elecciones junto a las libertades de prensa, expresión y asociación, así como el derecho a disentir, pero no es solo exclusivamente mediante estos elementos. En la dinámica de controles y balance de los poderes, la rendición de cuentas horizontal también se basa en la protección de los derechos individuales, el Estado de derecho y la probidad (entre otros). Varios de estos elementos lamentablemente no están presentes en el caso peruano y, por si fuese poco, cada vez se van mermando a medida que pasa el tiempo. Recordemos que en los últimos meses, Perú pasó de ser un régimen ‘libre’ a uno ‘parcialmente libre’ (Freedom House, 2023).
El Congreso no es la instancia llamada a emitir este tipo de decisión sobre la inhabilitación de una fiscal de la Nación, ni tampoco es el ente con la legitimidad necesaria para promoverla. Según una encuesta nacional del IEP, el 86% de los peruanos considera que lo más conveniente para el país es que existan elecciones antes del 2026, aunque solo el 46% cree que esto es factible. Por otro lado, el 81% de encuestados piensa que existieron violaciones a los derechos humanos en las protestas en contra del Gobierno de Dina Boluarte. El porcentaje que cree que hubo excesos por parte de las fuerzas del orden aumentó de 56% a 71%, posterior a los informes de Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Finalmente, la tendencia al alza de la desaprobación de la presidenta Boluarte fue de 79% en mayo. El Congreso mantiene el rechazo casi absoluto del 90% desde inicios del año.
No solo los incentivos para recortar su mandato mediante adelanto de elecciones son nulos, sino que existen nuevas élites políticas y grupos de interés buscando una legislación a su medida. Un ejemplo de ello es la legislación a favor de la legalización de taxis colectivos en las carreteras, a pesar de causar en solo cinco días 20 fallecidos en accidentes de tránsito (Luna Almenara, 2020). Hasta mayo de 2023, el representante de la Federación de Autos Colectivos había visitado el Congreso en 37 ocasiones, incluyendo al presidente de la Comisión de Transporte, Luis Aragón (Arévalo Miró Quesada, 2023).
Uno de los bloques más influyentes son los empresarios de la ‘contrarreforma’ de la educación superior, que operan desde el Congreso e influyen en las campañas electorales. Está compuesto por la familia Cáceres Velásquez (Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez), que fundaron el partido político Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos con el que alcanzaron cargos locales en el sur andino y tentaron la presidencia sin éxito, los esposos León Untiveros (Universidad del Centro) en Huancayo y simpatizantes de Vladimir Cerrón; la Universidad Privada de Trujillo, Universidad Peruana del Oriente de Loreto de la familia Ramírez, cuya gerencia está a cargo de una exregidora de Solidaridad Nacional (ahora Renovación Popular), ligada también al cuestionado exsecretario de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez (Universidad Alas Peruanas), a quien la Fiscalía y la Policía Nacional incautó bienes e inmuebles por el presunto delito de lavado de activos (Cabral, 2021).
Sin dejar de mencionar a dos figuras representativas del rubro: César Acuña Peralta y José Luna Gálvez. El primero tiene ocho empresas educativas en el Perú, y pese a que su universidad obtuvo licenciamiento, este estaba sujeto a la fiscalización de sus finanzas durante cuatro años. Sin embargo, se reportan aportes en exceso de la empresa a su partido. Finalmente, Luna Gálvez, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, quien fue el candidato que más dinero gastó en la campaña electoral de 2021, está vinculado a la universidad Telesup, cuya fachada de cartón dio la vuelta al mundo como símbolo de la precariedad de la educación superior en el Perú; es además presuntamente líder de una organización criminal y receptor de sobornos por parte de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht como jefe de campaña del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.
Además, 25 congresistas de la actual legislatura tienen nexos con universidades sin licenciamiento, 21 de ellos pasaron por sus aulas, son autoridades o docentes de las mismas (Bazo Reisman, 2021). En suma, el conflicto de interés es un problema que solo opera fuera del hemiciclo. Dime quiénes están de acuerdo con esta inhabilitación y te diré qué tipo de demócratas son.
