
Escribe: Enrique Castillo, periodista
Debemos ser el único país en el mundo que tiene tantos expresidentes presos conviviendo juntos en un penal, o investigados y acusados esperando por años ser juzgados.
Pero también debemos pertenecer, seguramente, a ese grupo de países llamados “bananeros”, en los que a los presidentes en ejercicio (uno tras otro, sucesivamente), que son descubiertos abiertamente actuando de manera reiterada en secreto, de forma oculta o a escondidas para eludir la ley o por temor a ser descubiertos; o que tienen comportamientos indebidos o inapropiados, reconocidos y probados (por haber sido admitidos y/o confesados públicamente), que lindan con el delito; se les defiende y se aboga por su permanencia en el cargo con el argumento del riesgo de la inestabilidad política, del caos o de la alteración de un proceso electoral en marcha.
¿Qué genera más inestabilidad: un presidente, o un encargado de la Presidencia que tiene que hacer frente a varias acusaciones (con videos, documentos y testimonios), que tiene flancos abiertos por todos lados, que está concentrado en armar nuevas versiones, que tiene que pensar en nuevas mentiras para tapar otras, que empieza a utilizar a los miembros de su Gobierno para defenderse, y que empieza a actuar de manera interesada y con cálculo personal para salir de su hoyo negro; o un nuevo encargado de la Presidencia que cierre una etapa vergonzosa y abra un nuevo capítulo?
Se habla de que no se puede cambiar de presidente tan “irresponsablemente”. Perdón, ¿acaso no se han enterado todavía de que estamos hoy con el suplente del suplente del titular, quien también delinquió?, ¿y no se acuerdan de que, con la salida del titular y el ingreso de cada suplente, no cambió nada en el país y que al día siguiente todo siguió igual?
Y, con respecto al proceso electoral, el Ejecutivo tiene como únicas tareas: no interferir en nada con la labor organizadora y operativa de los organismos electorales y mantener la neutralidad; brindar las facilidades logísticas y presupuestales a los organismos electorales; y ofrecer a los organismos electorales y a los electores la seguridad necesaria. Nada va a pasar si se pone a otro suplente: todo va a seguir su curso, porque nada se va a mover en los organismos electorales, ni en los partidos que participan en el proceso, ni en las fuerzas del orden, ni en el presupuesto público.
Se ha señalado que, con la caída del encargado de la Presidencia, vendrá un cambio en el gabinete ministerial y, con ello, un grave problema para el país. ¿Alguien cree que el actual presidente del Consejo de Ministros sale fortalecido o indemne de esta crisis?, ¿se puede seguir confiando en un premier que tiene el peor concepto de su presidente y que lo admite públicamente; que sale irresponsablemente a dar entrevistas, ofreciendo versiones y lanzando teorías antojadizas e imprudentes que no ha contrastado; y que no recuerda, ni siquiera, el nombre de sus ministros?, ¿tenemos estabilidad con el actual premier?, ¿sabemos si los actuales ministros respaldan, cierran filas y ponen las manos al fuego por su presidente encargado y por su premier?, ¿el ministro del Interior sale bien parado y puede seguir como si nada en su cargo?, ¿confiamos plenamente, después de todo lo conocido, en el ministro de Transportes y en el de Energía y Minas?, ¿y la ATU e Indecopi?
Quienes han respaldado a los sucesivos presidentes y encargados de la Presidencia que han tenido comportamientos indebidos e inapropiados, los defienden, se oponen a la vacancia y piden investigaciones, porque sostienen que nada está probado.
Pero soslayan que todos los ciudadanos del país vemos los videos que cada presidente reconoce públicamente como verdaderos; escuchamos sus confesiones («voy a Sarratea por una sopa especial», «compré los Rolex con mi trabajo», «fui al chifa a organizar los actos de amistad peruano-china»); nos reímos con el cambio de versiones que sale de sus propios labios en cadena nacional («solo veo a mis familiares y amigos en Sarratea», «me prestaron los Rolex para las ceremonias y viajes», «invité al ministro del Interior y a mi escolta a comer un “chifita” después de los operativos»); escuchamos las versiones de otros protagonistas de los hechos, que contradicen lo que dicen los inquilinos (¿precarios?) de Palacio de Gobierno; nos enteramos, por los mismos presidentes o encargados de la Presidencia, de que reciben regalos o dádivas, que usan el avión presidencial para ir “a su tierra” con su familia, que se hacen operaciones a cambio de cargos públicos; vemos cómo los ministros hacen las veces de escuderos y usan su tiempo y su cargo para defender lo indefendible; y nos enteramos de nuevos hechos que hunden aún más a los susodichos.
¿Se necesitan más pruebas de sus inconductas, de sus mentiras, del uso de los recursos del Estado para beneficio personal, del daño a la investidura presidencial, de la recepción de dádivas, del uso de sus cargos para defenderse? Y, conociendo todo eso, ¿los “premiamos” permitiéndoles seguir en el cargo con todos los privilegios, facultades, poder y prerrogativas que ello implica? ¿Así se respeta la investidura presidencial? No confundamos la vacancia con un proceso judicial. No confundamos a un presidente al que se le acusa sin pruebas con un presidente o encargado de la Presidencia que admite sus “errores” y que trata de “atarantar” para salir bien librado.
Es claro que muchos en el Congreso van a defender la permanencia de los susodichos, aunque los escuchen y vean admitir sus “graves errores políticos” o sus delitos (si fuera el caso), con tal de no perder las pequeñas cuotas de poder que los encargados de turno en Palacio han repartido. Esos congresistas son capaces de querer hacernos creer que el Perú va a desaparecer de la faz de la tierra si cae su amigo o amiga encargado de la Presidencia, con tal de no perder esa cuota de poder. Pero, llegado el momento, esos mismos que se llenan la boca con la estabilidad van a vacar a sus amigos, sin más trámite y sin mayor investigación. Si no lo creen, pregúntenle a Dina Boluarte.







