Era un Perú atractivo para la inversión

¿Qué inversionista extranjero evaluará invertir en un país donde, en la siguiente convulsión social, existe el riesgo de que los ‘protestantes’ te quemen o —cuanto menos— te paralicen la operación, bloqueen las vías de transporte y tus productos se queden varados o se pudran en los vehículos de carga, quemen los aeropuertos y cancelen todos los vuelos, y hagan desmadres en las ciudades donde viven tus trabajadores? Como si la realidad no bastara para darnos una respuesta, la semana pasada el Foro Económico Mundial (WEF) señaló, en su Reporte de Riesgo Global 2023 —basado en una encuesta a ejecutivos locales—, que el “colapso del Estado” es, por segundo año consecutivo, el principal riesgo para el Perú en los próximos dos años. La inestabilidad severa, la erosión de las instituciones y el Estado de derecho, y los disturbios sociales marcan la pauta de dicho riesgo.

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La encuesta del SAE de Apoyo Consultoría, que concentra la mejor base de decisores de negocios del país, reveló que el 54% de las empresas mantendría su flujo de inversiones en el 2023. ¿Una buena noticia? No. El “se mantendrá igual” implica que continuará la falta de confianza para invertir, en un pesimismo que no da tregua desde antes del inicio del Gobierno de Pedro Castillo. Cambió el contexto y hoy hay un gabinete técnico, pero la incertidumbre solo mutó: ya no tiene su base en el copamiento del Estado con incapaces y corruptos, y en una consigna antiempresarial, sino en la imposibilidad de ver el futuro del país —y, con ello, del entorno de negocios— más allá del presente. Avanzar con cautela hasta que haya un mínimo de claridad política y electoral es lo razonable.

El PBI de enero se contraería, tras un ritmo de S/ 85 millones de pérdidas diarias y S/ 1,190 millones en las dos semanas de protestas”.

Datos para la depresión: el PBI de enero se contraería, tras un ritmo de S/85 millones de pérdidas diarias y S/1,190 millones en las dos semanas de protestas, según Phase Consultores. El riesgo de que se rompa la cadena de pagos se acentúa. Y Las Bambas vive en el vilo de la paralización total, mientras se queda sin insumos y no logra sacar su producción al puerto por el bloqueo del corredor minero del sur. Delirios y populismos aparte: el nuevo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, insiste en terminar unilateralmente el contrato con Rutas de Lima y la Corte Suprema de Justicia ratifica una deuda de Telefónica del Perú, cuyo 80% responde a multas e intereses acumulados en veinte años de litigio. Así de endeble se ve la seguridad jurídica de la empresa en el país. Cereza de la torta, el titular de The Economist: “Caos político en el Perú no tiene cuándo acabar”. Ni cómo negarlo.

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