El camino de la destrucción económica

Los daños a la infraestructura privada no destruyen a las grandes empresas, como creen los vándalos que los ejecutan, escudados bajo la protesta. Detienen cadenas productivas que afectan a los más vulnerables. Las empresas activan sus seguros, que en muchos casos incluyen lucro cesante —la reparación de la ganancia esperada—: los ganaderos no. Tampoco los choferes ni los trabajadores del campo que pierden el día: 6 millones de los 17 millones de trabajadores del país viven de su jornada o no tienen ingresos. Ni los comerciantes del Mercado Central, que ven mermadas sus ventas por los disturbios, o sus pares de Gamarra, que prevén otra mala campaña navideña, recuperarán lo perdido. Ya se calcula que, en Gamarra, uno de cada cinco empleos desaparecerá. Como en pandemia, salta la desprotección del trabajador en la informalidad, nuestro mal endémico.

Sufriremos los estragos. Hasta que esa fábrica incendiada no vuelva a operar, habrá una economía afectada a su alrededor: la interrupción de puestos de trabajo, la falta de productos que no llegarán a los mercados —en una línea frágil, del transportista al bodeguero—, y un sistema de negocios alrededor a la espera del reinicio de la operación. Con ingresos mermados, la espiral recaerá sobre el consumo y la producción, en un ciclo natural que habrá que revertir. “El país ya es más riesgoso si no podemos proteger la propiedad privada, del taxista o de la gran empresa. Eso sin duda desmotivará al emprendedor a poner sus ahorros o endeudarse para comprar maquinaria, hacer negocios y crear los empleos que el país necesita”, me dice José Carlos Saavedra, socio de Apoyo Consultoría.

S&P ya pasó de estable a negativa su perspectiva sobre la calificación de Perú. El deterioro político ha sido el vector constante de las decisiones de las calificadoras de riesgo en los últimos años. Este mes se cumplen 21 meses de confianza empresarial negativa, desde que Pedro Castillo pasó a segunda vuelta e inició, con su gobierno, una crisis política permanente. Su principal herencia será la paralización o el aplazamiento de los proyectos de inversión, y la huida de capitales. Si suponemos que el fin de esta crisis será un punto de inflexión —hacia una reforma política integral, y la recuperación de la institucionalidad y de la meritocracia en el sector público—, retomar el camino tardará, al menos, una década. Lamentablemente, no hay señales claras de que será así.