Escribe: Antonio Risso, Managing Director de Wealth Management de Credicorp Capital.
El 2 de junio último, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que busca actualizar el Régimen de Amnistía Tributaria, vigente en el 2017, a rentas obtenidas hasta el 31 de diciembre del 2022. Al momento de escribir esta columna, aún nos encontramos a la espera de su aprobación u observación por parte del Poder Ejecutivo. Salvo algunas correcciones menores para facilitar su aplicación, el nuevo régimen mantiene los principales aspectos de la Amnistía Tributaria vigente en 2017, aplicando una tasa del 7% sobre las rentas no declaradas en caso se opte por la repatriación e inversión y el 10% para los demás casos. Sin embargo, en caso se opte por la repatriación, se extiende el plazo de mantenimiento de la inversión en el país de tres a 12 meses.
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Al respecto, cabe preguntarse qué tan exitoso podría ser un nuevo régimen de este tipo. Para ello repasemos algunos datos relevantes de la amnistía del 2017:
Se acogieron 7,766 personas, regularizándose rentas por un valor de 3,878 millones de dólares.
Se obtuvo una recaudación tributaria de 355 millones de dólares (0.16% del PBI). El nivel recaudado en el Perú resultó limitado si se compara con otras amnistías de la región como Chile el 2015 (0.62% del PBI), Argentina wl 2016 (1.4% del PBI) o Brasil el 2016 (0.9% del PBI).
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Dado que la amnistía tributaria realizada en el Perú se basó en un porcentaje de las rentas no declaradas – a diferencia de las amnistías en Chile, Argentina y Brasil que fueron en base al capital declarado – es pertinente preguntarse ¿cuánto fue el capital acogido en nuestro país? Asumiendo una rentabilidad de los portafolios de 4% a 5% promedio anual generado durante el periodo 2012-2015, se puede inferir que el capital transparentado a partir de las rentas declaradas estuvo en el orden de los 20 mil a 25 mil millones de dólares. Según datos de la consultora BCG, la riqueza de los peruanos en el exterior en ese momento (sin posiciones patrimoniales) se estimaba en 27,000 millones de dólares, con lo cual un 75% a 90% del capital en el exterior se habría transparentado. El resto o bien ya estaba transparentado o bien decidió no acogerse a este beneficio.
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Por tanto, esta nueva amnistía apuntaría a un grupo limitado de personas que se quedaron fuera del proceso anterior y que decidieron no acogerse a un beneficio evidente en su momento (o que habrían vuelto a caer en incumplimiento). Si no lo hicieron en ese momento, ¿lo harán ahora? Esperemos que sí, pues en un mundo cada vez más transparente y con mayor intercambio de información para fines fiscales, mantenerse en la sombra no es una opción sensata.
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