(G de Gestión) Aún persiste el consenso generalizado de que el Perú continúa teniendo fundamentos sólidos, en razón de altas reservas internacionales, cuentas externas saludables y bajos niveles de deuda pública. Ahora bien, ¿todo esto es suficiente?
El pasado 25 de abril, S&P recortó la calificación soberana del Perú de BBB a BBB-, la nota más baja dentro del espectro de grado de inversión. Esto, justificado en el hecho de que el estancamiento político seguirá limitando la capacidad del Gobierno para implementar acciones oportunas de fomento a la inversión y al crecimiento económico, lo que a su vez impone riesgos sobre las finanzas públicas a futuro, a pesar de los mayores precios del cobre. Lo anterior, además, en medio de un contexto de presiones más fuertes en gasto social y en infraestructura. Siguiendo un razonamiento similar, Fitch y Moody’s mantienen una perspectiva negativa acerca de la calificación soberana.
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Todo lo mencionado es evidencia adicional de que el tan publicitado divorcio entre la economía y la política ha ido desapareciendo en los últimos tiempos. No hay que olvidar que el Perú ha visto caer su crecimiento potencial en casi una tercera parte en estos 10 años, desde cifras estimadas cercanas a 6% en el 2013 a 2%-2,5% actualmente, una reducción que supera ampliamente lo observado en economías comparables, lo que implica que no puede ser explicada únicamente por la reducción de los precios de los metales en la última década. Aparte del incuestionable efecto negativo que ha tenido la incertidumbre política sobre la confianza empresarial y, con ello, sobre la inversión privada en los últimos años, decisiones como permitir el retiro de ahorros pensionales que sumarán cerca de S/ 110,000 millones y aumentar el gasto corriente de manera significativa (por ejemplo, salarios) han conducido a una erosión del ahorro nacional, y esto a menores recursos disponibles para invertir.
Entonces, la inestabilidad política juega un múltiple rol en detrimento de la inversión y, así, del crecimiento potencial, a través de su impacto en la confianza empresarial y de la imposibilidad de implementar reformas estructurales procrecimiento y medidas para recuperar el ahorro perdido en años recientes por cuenta de decisiones propias de política pública.
Ahora bien, pese a las presiones sobre la nota soberana, no esperamos que el Perú pierda su grado de inversión en los próximos años, dadas sus fortalezas macroeconómicas, especialmente su bajo nivel de deuda. Dicho esto, no hay espacio para la complacencia. Si no se toman las medidas apropiadas y se reduce la incertidumbre de manera tal que la confianza empresarial se recupere, el riesgo es que el crecimiento potencial siga cayendo, lo que ciertamente podría tener una repercusión irreparable a escala no solo fiscal, sino también social. No hay que olvidar que la pérdida del grado de inversión representa un altísimo costo para un país en términos de mayores tasas de financiamiento, lo que, en últimas, termina generando un efecto adverso adicional en la economía.
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Economista jefe de Credicorp Capital y Managing Director de Research. Es economista por la Universidad del Rosario, con maestría en Economía de la misma casa de estudios. Cuenta con 13 años de experiencia. Previamente se ha desempeñado en cargos de docencia, investigación académica y del sector financiero.
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