1. …reza el dicho. Y el Consejo Fiscal (CF) no es un conejo cualquiera; más bien, es un tremendo consejo. Este está conformado por cinco notables economistas: tres exministros del MEF –Carlos Oliva (quien lo preside), Waldo Mendoza y Alonso Segura–, la ex ministra Carolina Trivelli y Pepe Valderrama, a quien tuvimos la suerte de tenerlo en el MEF dando duras batallas fiscales desde los años 90. Por lo tanto, escuchar y evaluar sus consejos no resulta una mala idea.
2. El jueves pasado, el CF emitió el Comunicado N° 01-2024-CF, en el cual alerta sobre la necesidad de tomar medidas para mitigar los factores que pueden afectar la sostenibilidad fiscal. Ahí se señala que en el 2023 habríamos tenido un déficit fiscal de 2.8% del PBI, violando así la regla fiscal, y que cumplir con la regla en el 2024 (2.0% del PBI) requerirá de un significativo esfuerzo de consolidación fiscal. Recomienda que se tomen medidas orientadas a aumentar los ingresos fiscales –sobre todo los permanentes– y a frenar el crecimiento del gasto público –en particular, el menos flexible (como la planilla)–.
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3. La receta es ampliamente conocida y, sin duda, más de uno puede considerar que es difícil de aplicar en un contexto de recesión como el actual. Para aquellos que consideran que Keynes no está muerto, aplicar una política fiscal contractiva, aunque solo lo sea ligeramente, sería un despropósito. Me temo que algunos de los que piensan así y se focalizan en el muy corto plazo son los que estarían aconsejando al MEF y al actual Gobierno de cómo actuar. Preocupante, pues lo que se necesita, más bien, es aumentar el gasto agregado fomentando la inversión privada. Si convenimos en que el shock del gasto debe venir por el destrabe de la inversión privada y que esta requiere de un entorno macroeconómico estable, entonces entenderemos que apostar por la disciplina fiscal, lejos de constituir un despropósito, es lo que el país y la economía necesitan.
4. Las alertas del CF no se limitan a que el MEF haya roto la regla fiscal y aparentemente planee continuar haciéndolo, sino –más importante desde mi punto de vista– al debilitamiento de la institucionalidad fiscal del país. En efecto, nos recuerda que en directa violación de lo estipulado por la Constitución –que señala que el Parlamento no cuenta con iniciativa de gasto– el Congreso de la República viene promoviendo una serie de iniciativas legislativas que incrementan el gasto público y que, tras la negativa del Ejecutivo de promulgarlas, estas son aprobadas por insistencia: “las leyes aprobadas mediante insistencia se han triplicado en los últimos años y muchas de ellas generan incrementos en el gasto público”.
5. Además, la institucionalidad fiscal también estaría siendo socavada por los gobiernos subnacionales y las empresas públicas. El CF nos alerta sobre las implicancias de los desequilibrios financieros y el sobreendeudamiento de Petroperú y de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Esto último es muy alarmante, no solo por la magnitud, sino porque se está restando transparencia a nuestro marco fiscal, lo que podría generar contingencias fiscales muy grandes.
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6. Por ejemplo, la MML recientemente se endeudó en S/ 1,205 millones a un plazo de 20 años y con una tasa de 10.1% anual, y esto sería solo el comienzo, pues el plan de endeudamiento total podría llegar a los S/ 4,000 millones. Según el CF, “las medidas adoptadas y anunciadas por la MML estarían llevando a dicha entidad a una peligrosa situación de sobreendeudamiento en la que sus pasivos representarían casi 4.5 veces sus ingresos corrientes”. En la opinión del CF, las dos calificadoras de riesgo nacionales que otorgaron al instrumento de deuda de la MML la calificación requerida para que el endeudamiento pudiese ejecutarse suponen que el Gobierno nacional actuará como garante si las cosas salen mal. (Cabe señalar que ni Moody’s ni Fitch le otorgaron la calificación requerida).
7. Pero más alarmante todavía es el reciente Dec. Leg. No. 1613, con el cual la ATU podría lanzarse a la ejecución de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima (costo estimado: US$ 10,000 millones). Para esto, se buscaría implementar un “fideicomiso privado” y emitir deuda garantizada por la titulización de los ingresos futuros –y así financiar la construcción de esta infraestructura–. Sin embargo, lo más probable es que dichos ingresos no sean suficientes para financiar todo el costo (en ninguna parte lo son). Como resultado, al final del día, el Estado tendrá que mojarse. El problema es que se pierde la transparencia de las cuentas fiscales y que gradualmente podemos ir perdiendo el control sobre el gasto público.
8. El caso de Petroperú hoy –cuando las contingencias se han materializado y nos toca pagar la cuenta– debería servirnos para poner en perspectiva lo señalado por el CF. Como dije al comienzo, un consejo hasta de un conejo; escuchemos con atención la opinión del CF e introduzcamos las correcciones requeridas para asegurar la estabilidad fiscal y económica del Perú.
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