Escribe: Francisco Tong, socio de Rodrigo, Elías & Medrano
En los últimos meses se ha cuestionado el marco regulatorio de las concesiones mineras en el Perú, acusándolo indebidamente de propiciar el “acaparamiento” de las concesiones mineras, de dificultar la formalización minera y de incentivar la minería ilegal. Sin embargo, no solo estas acusaciones carecen de fundamento, sino que podrían encubrir un intento de incentivar precisamente la informalidad y la minería ilegal. Veamos.
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Para impedir dicho acaparamiento y supuestamente para propiciar la formalización minera, se han presentado proyectos legislativos que buscan reducir los plazos para que los titulares mineros desarrollen sus proyectos, obligándolos a poner en producción rápidamente sus concesiones, como si fueran máquinas productoras de minerales. De no hacerlo, podrían perder sus derechos.
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Recordemos que la minería no depende solo de energía e insumos. Comienza con la identificación de zonas mineralizadas, un proceso largo que incluye exploración y evaluación geológica. Luego, se evalúa la factibilidad del proyecto, la ingeniería necesaria, la seguridad, la salud y el impacto ambiental, lo que implica una inversión considerable y riesgos elevados. Tras superar estas etapas, es necesario obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado, asegurar financiamiento, preparar la ingeniería detallada y, finalmente, construir el proyecto. Todo esto, demanda tiempo, análisis rigurosos, más de 200 aprobaciones y lidiar con más de 30 autoridades.
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Si buscamos una minería sostenible y competitiva, no podemos apresurar el proceso. A nivel global, los proyectos mineros medianos y grandes tardan entre 20 y 30 años en desarrollarse, y algunos en Perú incluso más. Aunque tenemos recursos minerales valiosos, nuestra competitividad ha disminuido. No basta con una buena geología; es necesario un marco institucional y legal sostenible, estable y predecible. Solo así tendremos una minería saludable y responsable.
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La discusión del supuesto “acaparamiento” de concesiones no es nueva y existe a nivel global. Perú fue pionero en los 90 al establecer una regulación minera clara y objetiva, que aún es referente mundial. Fue uno de los primeros en penalizar la falta de inicio de producción dentro de un plazo razonable. Si bien se podría cuestionar los montos de las penalidades, lo indiscutible es que son un desincentivo necesario. Reducir los plazos de las concesiones afectaría la competitividad del país, pondría en riesgo derechos adquiridos y fomentaría la minería informal e ilegal, que opera sin permisos, planificación ni cuidado ambiental. Ojalá estas propuestas legislativas no prosperen.
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