Código de Trabajo: De espaldas a la mayoría

Más que un ordenamiento normativo, la propuesta de anteproyecto del nuevo Código de Trabajo busca introducir cambios laborales relevantes: Elimina la categoría “trabajadores de confianza”, con todo lo que ello implica; regulariza los recientes cambios en la tercerización, dándole fuerza de ley; liberaliza la contratación de trabajadores extranjeros, (ya no hay tope del 20%); reduce de 20 a 10 el número de trabajadores para formar sindicatos; hace más onerosa y rígida la estabilidad laboral, eliminando el tope de 12 sueldos; reduce a 2 años el plazo máximo de contratos a plazo fijo, entre otros cambios.

Si buscamos el sustento de cada medida o su impacto económico-social, el anteproyecto no presenta evidencias. Es más, diagnóstica problemas históricos como el desempleo, informalidad, precarización, que luego no se concretan en normas o políticas específicas. Las medidas buscan favorecer solo al universo de trabajadores en planillas y que reciben beneficios y utilidades. Surge la pregunta: ¿El Código puede estar de espaldas del 76% de trabajadores informales y sin derechos? ¿No le preocupa al Gobierno la realidad laboral de las mypes, que son el 99% del país? ¿Los cambios van a generar más puestos de trabajo?

El Gobierno ha pedido aportes para enriquecer el proyecto. En ese sentido, sugerimos lo siguiente: Primero, la propuesta debería tener más evidencias, data. No vemos justificación técnica ni de los problemas ni de las soluciones. Por ejemplo, ¿qué justifica eliminar a los trabajadores de confianza? ¿Cómo se fundamenta retirar el límite del 20% de trabajadores extranjeros? ¿Por qué se eliminan algunos contratos a plazo fijo? Las políticas públicas no solo deben nacer del escritorio, necesitan evidencias. Segundo, el Código debería tomar en cuenta la realidad laboral de la pospandemia, considerando su impacto en los sectores productivos; asimismo, evaluar el fenómeno de la “deslaboralización” producto de la tecnología. ¿Por qué se elimina el trabajo remoto y se opta por encarecer el teletrabajo? ¿Qué pasará con los regímenes especiales? ¿Qué pasará con los miles de trabajadores de delivery? Tercero, debemos evitar más rigidez y encarecer las planillas en desmedro de nuevos empleos. En plena era tecnológica, ¿por qué se exige de nuevo contratos por escrito y remitidos al MTPE? ¿Y la simplificación administrativa?

Cuarto, deben evitarse los sesgos marcados hacia el proteccionismo (“no protección”) laboral. Debo coincidir por ello con el laboralista Jorge Toyama, quien señaló que con el Código “tendremos mayor protección, pero menos trabajadores protegidos”. Y quinto, las propuestas deben responder al diálogo social tripartito. Debería intensificarse el diálogo vía el Consejo Nacional del Trabajo y el Congreso de la República. Así lo ha ratificado la OIT, a través de su director general, Guy Rider.

No negamos que se requieren cambios, pero en la dirección correcta: a) Promover la creación de más puestos de trabajo en planillas, con derechos. b) Reducir la informalidad mediante incentivos al empleo formal para millones de jóvenes y mujeres, los más afectados. c) Elevar la protección social. No hay medidas para afrontar las reformas en salud y pensiones, largamente pendientes. d) Apostar por elevar la calificación de la mano de obra y la empleabilidad del trabajador, prepararlos para un mundo cambiante, flexible y remoto.

El Código debería afrontar estas urgencias nacionales, pues de lo contrario las más afectadas serán las mypes, que además de nuevas exigencias, hoy pagan una RMV más alta y no podrán acceder a la tercerización ni a nuevas oportunidades. Evitemos agravar la informalidad y la desprotección de los más débiles.