El próximo Gobierno asumirá la conducción del país en un contexto marcado por crecientes desafíos económicos, sociales y climáticos. Sin embargo, existe un factor que condiciona la viabilidad de cualquier estrategia de desarrollo y que aún no ocupa el lugar que merece en la agenda pública: el agua. La disponibilidad, calidad y gestión sostenible de los recursos hídricos determinarán la capacidad del Perú para impulsar la inversión, generar empleo, garantizar la seguridad alimentaria y reducir brechas sociales y territoriales.
El agua es mucho más que un recurso natural. Constituye un activo estratégico para el desarrollo nacional y un elemento indispensable para la competitividad del país. Sustenta la producción agrícola, minera, industrial y energética; contribuye a la salud pública y al bienestar de la población; y desempeña un papel central en la adaptación frente a los efectos del cambio climático. Sin seguridad hídrica no será posible sostener el crecimiento económico ni asegurar mejores condiciones de vida para millones de peruanos.
La propuesta “Agua como activo estratégico para el desarrollo del Perú”, presentada en Agenda 2026 de la Universidad del Pacífico, plantea un cambio de enfoque. Si bien el país cuenta con una política nacional y un marco institucional para la gestión de los recursos hídricos, persisten importantes dificultades para su implementación efectiva. Las decisiones sobre el agua continúan fragmentadas entre sectores, niveles de gobierno y actores del territorio, limitando la capacidad de respuesta frente a desafíos cada vez más complejos.
La evidencia es contundente. El Perú enfrenta simultáneamente problemas de escasez hídrica, deterioro de la calidad del agua, infraestructura insuficiente y una creciente exposición a eventos climáticos extremos. Mientras algunas cuencas experimentan períodos prolongados de sequía, otras enfrentan inundaciones cada vez más frecuentes y severas. A ello se suman brechas persistentes en el acceso a servicios de agua y saneamiento, particularmente en zonas rurales y periurbanas, así como conflictos asociados a la competencia por el uso del recurso.
Por ello, los primeros 100 días de gobierno deben estar orientados a impulsar una gobernanza del agua capaz de superar la fragmentación institucional y territorial que ha caracterizado históricamente su gestión. El desafío no consiste en diseñar nuevas políticas, sino en lograr que las existentes funcionen de manera articulada y efectiva. Ello requiere consolidar una gestión por cuencas que integre a los distintos sectores, niveles de gobierno, usuarios y actores sociales en torno a objetivos compartidos, mecanismos de coordinación efectivos y una visión común de largo plazo.
Este enfoque debe traducirse en acciones concretas para fortalecer las capacidades de gestión en las cuencas, mejorar la coordinación multisectorial, promover inversiones estratégicas y generar información oportuna para la toma de decisiones. Una gestión territorial, multiactor y basada en cuencas permitirá proteger las fuentes de agua, conservar los ecosistemas que regulan el ciclo hidrológico, reducir vulnerabilidades frente al cambio climático y prevenir conflictos que afectan tanto a las poblaciones como a las actividades productivas.
Los próximos años estarán marcados por una presión creciente sobre los recursos hídricos. En este contexto, la capacidad del próximo Gobierno para implementar una gestión integrada del agua será también una prueba de su capacidad para gobernar el desarrollo. Convertir al agua en una prioridad de los primeros 100 días no constituye únicamente una decisión técnica acertada; representa una apuesta estratégica por la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar del Perú.
Elsa Galarza es profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico.
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