Economista
1. Como si se tratase de la crónica de una muerte anunciada, esta semana el Congreso de la República decidió partir en dos la tercera legislatura del periodo 2020-2021. En marzo del año pasado, se aprobó que dicha legislatura se desarrolle entre el 01 de febrero y el 16 de julio del 2021, pero esta semana el Congreso decidió terminarla tempranamente, aprobando, a su vez, una cuarta legislatura, del 13 de junio al 16 de julio. El objetivo de esta leguleyada no es otro que reformar la Constitución Política del país entre gallos y medianoche, votando a favor de cambios constitucionales que serían confirmados en la “próxima legislatura” por este mismo Congreso.
2. ¿Qué reformas constitucionales se aprobarían? No sabemos con certeza –se dice que la bicameralidad, la cuestión de confianza, el acceso libre a Internet– pero en principio las que este Congreso, que tiene los días contados, decida realizar. Es más, a fin de que sus caprichos legislativos no sean declarados inconstitucionales, el Parlamento se alistaría a nombrar a nuevos miembros al Tribunal Constitucional para lograr validar y afianzar sus cambios a la Carta Magna y las leyes que decida aprobar antes de terminar sus funciones, incluyendo algunas que les redituaría a muchos representantes beneficios políticos a corto plazo. ¡La similitud con las prácticas del chavismo es alarmante!
3. Este es el broche de oro de un Congreso que ha hecho mucho daño al país, no solo al aprobar una serie de despropósitos legislativos populistas, sino al afianzar la precariedad institucional en la que vivimos. Cómo será de cuestionable la medida aprobada por el pleno del Congreso que su propia presidenta se opuso a la misma y cuestionó su legitimidad: “es una medida legal, pero no toda medida legal es siempre legítima”, dijo.
4. Pero, la legitimidad vale poco en un entorno de debilidad institucional como el nuestro. En efecto, aunque es obvio que el Congreso le ha sacado la vuelta a la Constitución para modificar la propia Constitución, los ciudadanos no terminamos de entender la gravedad de lo ocurrido y de asimilar los presagios que este acto debería transmitirnos en un momento electoral tan complicado como el actual. Por lo tanto, no reaccionamos y el acto ilegítimo se legaliza y su vigencia se perpetúa.
5. El mensaje o la lección de este episodio no es tan difícil de descifrar: nuestras instituciones son tan débiles que cualquier grupo político medianamente avezado puede, desde una posición de poder, hacer importantes modificaciones al marco legal y cambiar las reglas del juego bajo las que venimos operando hace tres décadas, sin generar antes los consensos necesarios. Y el cambio puede hacerse de manera repentina, aprovechando las reglas del juego vigentes. El Ejecutivo que estamos por elegir podría dar “pasos ilegítimos pero legales” que, poco a poco, coarten nuestras libertades y nos sometan a los intereses de un régimen autoritario y corrupto, hundiéndonos así en la pobreza y el caos.
6. Al momento de votar tenemos que mirarnos en el espejo de Venezuela. La precariedad institucional, la fragmentación política, el hartazgo con todo lo que suene a más de lo mismo, nos puede llevar al despeñadero. Elegir este domingo a una fuerza política con manifiestas inclinaciones autoritarias, improvisada, y sin capacidad alguna para sacarnos de la actual crisis económica, social y política, resultará nefasto. El populismo radical, que no tiene miramientos por los derechos de los ciudadanos, trae hambre, caos y desolación. Los más de cuatro millones de venezolanos que, en condiciones funestas tuvieron que abandonar su país, constituyen el mejor testimonio de los riesgos reales que enfrentamos.