La presentación de Julio Velarde ante la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, como parte de su ratificación al frente del BCR, deja una pregunta que trasciende su continuidad: ¿qué calidad de leyes podemos esperar si quienes las votan desconocen lo que buscan regular?
Nadie exige diputados o senadores eruditos. Sí corresponde exigirles preparación, asesores competentes y disposición para escuchar. La discrepancia política enriquece el debate cuando se sostiene en argumentos. Prescindir del esfuerzo de comprender resulta irresponsable.
La bicameralidad ofrece una oportunidad para mejorar la legislación. Pero una segunda cámara difícilmente elevará la calidad de las normas si reproduce la improvisación. Quienes evalúan el presupuesto y deciden sobre facultades legislativas deben entender qué autorizan, cuánto cuesta y a quién afecta.
Los antecedentes preocupan. El Consejo Fiscal identificó 229 leyes con impacto fiscal adverso promulgadas entre agosto del 2021 y octubre del 2025: más del triple del promedio de períodos comparables de los congresos anteriores. Además, advirtió que 101 leyes promulgadas por insistencia tendrían un costo fiscal anual conjunto superior a S/ 36,000 millones, según las estimaciones disponibles del Ejecutivo.
El Tribunal Constitucional ya precisó que los congresistas carecen de iniciativa para incrementar gastos que afecten el presupuesto vigente o ejercicios futuros. Las iniciativas excepcionales vinculadas a derechos sociales deben coordinarse con el Ejecutivo, identificar financiamiento y contar con un informe de sostenibilidad fiscal. Legislar exige respetar esos límites.
Comprometer ingresos o ampliar gastos sin financiamiento sostenible reduce el margen para atender salud, seguridad o emergencias como El Niño. La factura alcanza a los ciudadanos.
El problema trasciende la caja fiscal. Una norma mal diseñada puede dificultar la contratación, afectar la educación o entorpecer la lucha contra el crimen. Cada proyecto debería explicar qué problema resolverá, sus costos y sus posibles consecuencias.
El Parlamento necesita fortalecer su capacidad técnica permanente para evaluar esos impactos. Tener asesores sirve de poco si sus advertencias se ignoran. También debe revisar el tiempo dedicado a leyes declarativas: declarar una obra de interés nacional no equivale a financiarla ni ejecutarla.
El descrédito en redes puede durar unos días. Las consecuencias de una mala ley pueden acompañarnos durante años. Para legislar no hace falta saberlo todo, pero sí haber hecho la tarea de entender lo que se va a votar.
Víctor Melgarejo es director periodístico (e) de Gestión.
