HacerPerú/PUCP
Para retomar la senda del crecimiento y el desarrollo debe existir claridad sobre la ruta de las políticas públicas. Sin embargo, en estas semanas hemos visto una prolongación de la inestabilidad y la incertidumbre. El Gabinete Ministerial no ha buscado los consensos que necesita el país, pesando criterios ideológico-partidarios en las designaciones, antes que las competencias, la eficiencia o la vocación de servicio.
Se ha optado por agudizar las contradicciones y eso ha llevado al Gobierno a aislarse. No solo se requiere la confianza del Congreso, sino también poner la acción del Estado al servicio de los peruanos. Pero el Gobierno parece creer, erróneamente, que es suficiente deslindar con acciones extremas e inconstitucionales como expropiaciones o confiscación de ahorros de las personas, para generar (la otra) confianza.
Y es que si bien el discurso de investidura no hizo alusión a algunas de las propuestas de campaña que más zozobra han generado, no puede leerse en un vacío: importa no sólo lo que se dice, sino también aquello que no se dice, pero con lo cual tampoco se deslinda. Por ejemplo, si bien no se mencionó la Asamblea Constituyente, posteriores declaraciones del Premier reafirman la intención de buscarla inclusive por una vía alterna al Artículo 206. La propuesta de modificar el mecanismo de designación del miembro faltante del JNE no resulta inocente a la luz de esta estrategia. ¿Cómo quedan otras propuestas como renegociaciones de contratos o la recuperación de la “soberanía de los recursos naturales”? En este contexto, es inevitable que se posterguen o cancelen decisiones económicas.
Es esperable que un gobierno de izquierda busque un mayor rol del Estado, rol además que es entendido por algunos que no somos de izquierda. Pero el gobierno no ha articulado mínimamente políticas para lograr sus objetivos (que tampoco son claros), y menos aún, muestra interés en construir las capacidades públicas para lograrlos. El discurso fue una suma desordenada de escalamiento o creación de nuevos programas, como si a punta de recursos públicos se pudiesen resolver los problemas del país. Esto no es equivalente a un fortalecimiento del Estado ni, menos aún, a buscar uno más eficiente.
No es claro, tampoco, que haya un entendimiento de la problemática. Es falaz pensar que el problema de financiamiento de la PYME se resuelva con la participación de una entidad sin experiencia en evaluación crediticia o que el desarrollo del sector hidrocarburos pase por insertar a Petroperú en toda la cadena. Además, se plantean iniciativas que podrían revertir los intentos por instaurar meritocracia en el Estado. ¿O cómo interpretar la meta de incorporación de 80 mil nuevos docentes por una “ruta alternativa para el nombramiento”? El foco de la educación deben ser los estudiantes, no las agendas sindicales del magisterio.
Es notoria también la ausencia casi total del rol que le tocaría desempeñar al sector privado. La “inversión privada” se menciona solo una vez en el discurso, y sólo para exigirle un criterio de “rentabilidad social” que no clarifican y que podría ser subjetivo y arbitrario al no ser un estándar de aplicación internacional en el caso privado. Si consideramos que el ministro Francke ha hablado de su importancia para la generación de empleo, esto es paradójico, más aún a la luz de la propuesta de solución a la informalidad laboral: aumentar la RMV, fortalecer Sunafil, negociación colectiva por rama, mayor regulación de la tercerización y derogatoria del DU 038-2020 sobre suspensión perfecta. ¿Así se crea empleo formal? Sobre estrategias de mejoras de productividad, hasta ahora poco.
Mientras tanto, el gobierno está ajeno al deterioro económico inducido por sus propias acciones. El aumento de la inflación se atribuye totalmente a causas externas, pero la fuerte depreciación (pese a los esfuerzos del BCR) derivada de la incertidumbre retroalimenta la subida de precios de bienes importados, las cotizaciones de los activos peruanos han caído de manera importante internacionalmente, las salidas de capitales continúan y las expectativas empresariales se han deteriorado marcadamente y están en niveles que se condicen con un parón (o contracción) futuro de la inversión privada. Decisiones obvias como la ratificación del presidente del Banco Central y el nombramiento de los directores del Ejecutivo seguían, hasta la redacción de esta columna, sin definirse.
En condiciones externas benignas, como las actuales, nuestra moneda se fortalece y la inversión privada se acelera. Que esté ocurriendo lo contrario debería ser una alerta al Gobierno para enmendar el rumbo.
De otro lado, la expansión del gasto público -mayormente permanente- la consolidación del déficit fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública se sustentan en un marco de mediano plazo (MMM) en el cual el gobierno prevé una fuerte expansión de los ingresos públicos derivada en gran medida de precios de nuestras exportaciones muy por encima del promedio histórico y de un crecimiento de la economía también sobre potencial, en el cual la inversión privada crece inclusive más que el PBI de manera sostenida. No parecen proyecciones realistas sino las que se obtienen residualmente a manera de poder cerrar las cuentas. Incumplimientos en la trayectoria fiscal dañarían aún más nuestra credibilidad económica. Mientras tanto, estamos en cuenta regresiva a una rebaja de calificación crediticia que, de continuar en esta senda, no puede descartarse que venga acompañada de perspectiva negativa, señalando rebajas adicionales. Lo construido en casi tres décadas está en riesgo de perderse en una gestión de gobierno.
En periodos de condiciones externas benignas, como las actuales, nuestra moneda se fortalece, los activos peruanos se revalúan, las expectativas empresariales mejoran y la inversión privada se acelera. Que esté ocurriendo lo contrario debería ser una alerta al Gobierno para enmendar el rumbo. Una cosa es discurso de campaña y otra diferente gobernar (responsablemente). Es hora de lo segundo.