Escribe: Nathalie Ninuma, socia de Impuestos de EY Perú
A fines del 2023, se modificó la Ley N° 30424, Ley que establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos cometidos en su nombre o beneficio por personas naturales relacionadas a ellas, ya sea como representantes o trabajadores. Esta norma opera sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan a dichas personas.
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Inicialmente, los delitos incluidos en este marco eran los de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo, pero con la modificatoria del 2023 se ha incorporado a esta lista la defraudación tributaria. El objetivo de la norma es claro: evitar la comisión de delitos que afecten la recaudación fiscal y, por ende, la obtención de fondos necesarios para su uso en gastos públicos que beneficien a la población.
Las consecuencias de la comisión de referidos delitos pueden incluir multas dinerarias, suspensión de actividades, cierre o su registro en un listado público.
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Las consecuencias de la comisión de referidos delitos pueden incluir multas dinerarias, suspensión de actividades, cierre o su registro en un listado público. No obstante, estas sanciones pueden ser atenuadas o eliminadas de haberse contado previamente con un modelo de prevención de delitos que establezca controles adecuados para evitarlos, detectarlos o tomar acciones correctivas.
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A dos años de la entrada en vigencia de la modificación, el Gobierno Peruano ha implementado medidas adicionales para reforzar la lucha contra los delitos tributarios, como otorgar a las empresas involucradas en la comisión de tales delitos una baja calificación en el perfil de cumplimiento de las empresas (lo que implica, por ejemplo, mayores plazos para obtener devoluciones) o la restricción de beneficios tributarios.
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Por su parte, las empresas también han venido tomando acción, implementando o actualizando su modelo de prevención de delitos para incorporar los de defraudación tributaria en la evaluación de riesgos fiscales y el establecimiento de controles para mitigarlos (como es el caso de protocolos para aprobar operaciones que tuvieran un componente de ahorro fiscal).
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Más allá del cumplimiento normativo, la implementación o actualización de los modelos de prevención refleja la cultura empresarial que reconoce la integridad como un valor esencial y la reputación como un activo estratégico. Y cuando la empresa –y las personas que la conforman– interiorizan estos principios, el modelo de prevención es mucho más potente, ya que deja de ser únicamente un incentivo para la reducción de sanciones y se convierte en una práctica que orienta la toma de decisiones y su ejecución, fortaleciendo así la confianza de clientes, proveedores e inversionistas.
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En un entorno de negocios cada vez más exigente, la integridad tributaria no solo reduce riesgos, sino que contribuye a la construcción de relaciones de confianza duraderas.
