Fernando Villavicencio, el candidato a la Presidencia de Ecuador asesinado el pasado miércoles, se ha vuelto el rostro más reconocible de la ola de asesinatos que en los últimos meses se ha llevado la vida de políticos, fiscales, jueces y directores de cárceles, sin distinguir posiciones ni ideologías.
El asesinato de Villavicencio, a manos de presuntos sicarios colombianos, ha concentrado la atención internacional de un fenómeno de violencia y asesinatos atribuidos al crimen organizado y al narcotráfico que se ha ensañado con autoridades de todo nivel, el último de ellos Pedro Briones, un dirigente local afín al correísmo asesinado este lunes.
Estos asesinatos se concentran particularmente en la costa, y en especial en Esmeraldas, Manta y Guayaquil, zonas claves para las bandas criminales que controlan la rutas del narcotráfico y que utilizan los puertos ecuatorianos como grandes lanzaderas de la cocaína que llega a Estados Unidos y Europa, procedente principalmente de Colombia y también de Perú.
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La violencia política ya se adueñó del país en las elecciones locales celebradas en febrero pasado, cuando en la víspera de la votación fue asesinado Omar Menéndez, candidato a la alcaldía del municipio costero de Puerto López por la Revolución Ciudadana, el movimiento político que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Menéndez, que al día siguiente ganó de manera póstuma la elección con el 46.22% de los votos, fue acribillado el 4 de febrero en una zona comercial.
En el marco de esa misma campaña electoral fue asesinado también a tiros el abogado Julio César Farachio, candidato a alcalde de la costera ciudad de Salinas por el movimiento izquierdista Unidad Popular, mientras realizaba un acto proselitista donde quedó tendido en medio de un charco de sangre.
Otros candidatos sufrieron también ataques, como el exfutbolista de la selección ecuatoriana Frickson Erazo, que durante su aspiración de ser alcalde de Esmeraldas denunció dos atentados contra su vivienda con artefactos explosivos donde que fue incendiado su automóvil.
Alcades en la mira
En mayo, Luis Chonillo, alcalde de Durán, uno de los municipios del área metropolitana de Guayaquil donde suelen encontrarse centros de acopio de la cocaína que luego es embarcada en el puerto, sobrevivió a un atentado en el que murieron dos de sus escoltas y una persona más, lo que le llevó a pasar un tiempo en la clandestinidad y despachar de manera telemática.
Sin embargo, no corrió la misma suerte Miguel Santos, director de Terrenos de Durán, quien a inicios de agosto fue asesinado por tres personas armadas.
En estas elecciones extraordinarias, la primera víctima mortal fue Rider Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas de la alianza Actuemos, que lidera el exvicepresidente Otto Sonnenholzner, al ser tiroteado mientras se movilizaba en su vehículo.
Sólo cinco días más tarde ocurrió el asesinato de Agustín Intriago, el alcalde de Manta, la tercera ciudad más poblada de Ecuador, que en las elecciones de febrero había sido reelecto el 61.25% de los votos.
El mortal atentado contra Intriago remeció al país, en medio de una campaña electoral donde la crisis de inseguridad y de violencia del crimen organizado ha sido prácticamente el único tema de discusión sobre la mesa.
En esa espiral de violencia ocurrió el asesinato de Villavicencio, entre cuyos sospechosos como presunto autor intelectual está “Fito”, capo de la banda criminal Los Choneros, a quien el propio periodista y exasambleísta había señalado como posible autor de las amenazas de muerte que había recibido días antes.
No obstante, tanto su familia como su colega Christian Zurita, quien ha asumido su candidatura (aún a espera de calificación), apuntan también a cinco exasambleístas a los que Villavicencio acusó en abril de planear un posible atentado contra su vida con sicarios.
Se suman más casos
Sólo un día después del asesinato de Villavicencio, Estefany Puente, candidata a asambleísta por la alianza que lidera el presidenciable Yaku Pérez, denunció haber sido víctima de un atentado al recibir un disparo mientras se trasladaba en su automóvil, y este mismo lunes fue asesinado Pedro Briones.
A la par que los políticos, los magistrados también han sido objeto en este último año de atentados, como los fiscales Leonardo Palacios y Édgar Escobar, acribillados en Durán y Guayaquil, respectivamente; y el juez Nelson Yánez, en Lagro Agrio; mientras que la fiscal general, Diana Salazar, denunció en junio haber recibido amenazas de muerte.
Asimismo, Santiago Loza, director de la cárcel de El Inca, de Quito, fue acribillado en diciembre en la capital ecuatoriana y las directoras de las cárceles de mujeres de Esmeraldas y Guayaquil también sufrieron en marzo atentados similares donde lograron salir con vida.
Fuente: EFE
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