¿A dónde van los millones de dólares robados por la dictadura venezolana que son decomisados por EE.UU.?

Venezuela vive la peor crisis humanitaria de su historia y en medio de una corrupción plasmada en la dictadura que lo gobierna, misma que ha impedido determinar cuánto dinero fue desviado durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sin embargo, en los últimos años Estados Unidos ha decomisado miles de millones de dólares robados por dicha dictadura, pero ¿qué destino tienen todos esos fondos?

Según un amplio reportaje de Infobae, en los últimos años la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, incrementó sanciones financieras contra jerarcas de la dictadura, quienes gozan de millonarias propiedades y cuentas bancarias tanto en suelo norteamericano como en Europa.

El citado medio informó que Estados Unidos es donde más han avanzado las causas contra empresarios afines al chavismo, incluso algunos de estos fueron detenidos.

Según la agrupación Iniciativa para la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), con sede en Miami, a fines de 2020 el Departamento de Justicia norteamericano había incautado cerca de US$ 1,500 millones.

Dicho monto, según Infobae, equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela, estimadas en unos 6.269 millones de dólares.

Por su parte, la ONG Transparencia Venezuela reveló que hasta febrero de este año había 38 casos e investigaciones en los tribunales norteamericanos, que involucran a 164 personas y muchas empresas.

Como dato adicional, la mayor parte de esas causas se encuentran en los tribunales del estado de la Florida. El otro estado norteamericano con una importante cantidad de causas es Texas.

¿Cuánto dinero se incautó y a dónde va?

En declaraciones para Infobae, María Alejandra Márquez, presidenta de Inrav, precisó que el cálculo aproximado del dinero robado (solo por corrupción), oscila entre US$ 300,000 y US$ 500,000 millones.

“Eso no incluye narcotráfico, terrorismo, obras no ejecutadas, tráfico de oro…”, dijo Márquez para Infobae. Sumado a esto, de ese cálculo, el 90% proviene de la petrolera estatal PDVSA y del sistema cambiario venezolano.

Márquez indicó que esos bienes decomisados se transfieren a dos fondos: “Uno del Departamento del Tesoro, y otro del Departamento de Justicia. El del Tesoro tiene más que ver con fondos provenientes del narcotráfico y el terrorismo, que son los incautados a través de la llamada Ley Clinton”, agregó.

Una vez recuperado el dinero, cada Estado víctima de la corrupción deberá pelear caso por caso; sin embargo, esto se convierte en un obstáculo más ya que el Estado es el principal promotor de esa corrupción.

“Lo que el Estado norteamericano busca es que el dinero que regrese no vuelva a ser utilizado para la corrupción, entonces los criterios de devolución son muy estrictos, y obviamente un país como Venezuela no los cumple”, dijo Márquez.

La presidenta de Inrav sostuvo que existe una complejidad para documentar y obtener pruebas suficientes en este tipo de casos, debido a que se necesita de estos para poder congelar el dinero.

Cuando los fondos están decomisados, también pueden ser utilizados para cubrir gastos de la investigación o para retribuir a las agencias gubernamentales que participaron en el caso.

En ocasiones también se usan para responder a los acreedores o a las víctimas. “Es muy poco probable que Venezuela pueda recuperar ese dinero”, reconoció Márquez.

Acuerdos para devolver el dinero

Más allá de los complejos procesos, Márquez indicó que Estados Unidos es uno de los países que más acuerdos realiza para devolver los activos, no solo con Venezuela.

En 2019, legisladores republicanos y demócratas aprobaron la ley “Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance, and Development” (La Ley VERDAD), que ordena al Departamento de Estado a trabajar “con organizaciones no gubernamentales para fortalecer la gobernanza democrática y defender los derechos humanos en Venezuela, y a trabajar con gobiernos extranjeros para investigar la corrupción y recuperar los activos robados a Venezuela”.

Asimismo, la Ley VERDAD, explicó Márquez, “contiene unos artículos particulares en los que Estados Unidos se compromete a devolver dinero de la corrupción a Venezuela. En ese artículo se contempla la creación de un fondo para resguardar ese dinero”.

De momento, ese fondo no fue creado, por lo que varias organizaciones no gubernamentales, como Inrav, están trabajando en su aplicación. “Estamos movilizados desde el año pasado, entrando en contacto con legisladores americanos, para que se creara un proyecto de ley para ese fondo en particular”, contó la activista venezolana.