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En la fase número 67 de la Lava Jato, una operación que ya envió a prisión a decenas de conocidos empresarios y políticos, agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía cumplieron 23 allanamientos en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo y Paraná para buscar pruebas sobre posibles corruptelas.
La operación tiene como fin “investigar ejecutivos vinculados al grupo Techint por su posible participación en un cartel” montado por grandes grupos empresariales en Brasil para desviar recursos de la petrolera estatal Petrobras, según un comunicado de la Fiscalía.
Los responsables por la investigación sospechan que tanto Techint como sus subsidiarias brasileñas, Techint Engenharia e Construção y Confab Industrial, participaron en el cartel y pagaron sobornos a tres altos funcionarios de Petrobras para adjudicarse millonarios contratos para venderle tuberías y equipos a la petrolera.
De acuerdo con un comunicado de la Policía Federal, los sobornos pagados ascienden a cerca de 60 millones de reales (unos US$ 15 millones).
Además de los ejecutivos de Techint, en la nueva fase también se investiga por corrupción a los entonces ejecutivos de Petrobras que habrían recibido los sobornos y por lavado de dinero a las firmas que intermediaron los negocios irregulares, incluyendo dos empresas de consultoría.
Según la Fiscalía, entre los contratos por los que Techint supuestamente pagó sobornos para vencer las licitaciones figuran uno firmado en el 2007 junto con Andrade Gutierrez para realizar obras en una refinería en el estado de Bahía; otro suscrito en el 2010 para construir parte del Complejo Petroquímico de Río de Janeiro y un tercero en asociación con Odebrecht para tender un gasoducto en Río de Janeiro.
El valor de los tres contratos sumó unos 3,300 millones de reales (unos US$ 825 millones).
La Fiscalía dijo haber recogido pruebas sobre una transferencia ilegal de US$ 1.2 millones a la consultora Pipeconsult, una de las firmas investigadas, como parte de los sobornos que fueron depositados en el exterior a ejecutivos de Petrobras.
De acuerdo con la nota de la Fiscalía, Techint, “con la determinación y el consentimiento de la alta administración del grupo ítalo-argentino, también ofreció y pagó, entre el 2008 y 2013, US$ 12 millones a Renato Duque (un exdirector de Petrobras) como contrapartida por la contratación de Confab para abastecer de tuberías a Petrobras”.
Además de ordenar los allanamientos, el juzgado 13 de Curitiba, responsable por la operación Lava Jato, ordenó el embargo de cerca de 1,670 millones de reales (unos US$ 418 millones) en las cuentas bancarias de los investigados para garantizar la posible reparación de los desvíos en caso de que sean considerados culpables.
La mayor parte de los recursos bloqueados pertenecen al director del Grupo Techint en Brasil, Ricardo Ourique Marques.
El juez igualmente autorizó a la Fiscalía a compartir otras pruebas con las autoridades italianas para que colaboren en la investigación contra el grupo italo-argentino.
La investigación también fue posible con la colaboración de las autoridades de Suiza, sede de un banco en el que se realizaron parte de los depósitos que correspondían a sobornos.
Entre otras empresas, Techint es controlador en Brasil de la Companhia Siderúrgica do Atlántico (CSA), una moderna fábrica en el estado de Río de Janeiro con capacidad para producir cinco millones de toneladas de placas de acero al año, y comparte con el grupo japonés Nippon Steel el control de Usiminas, una de las mayores siderúrgicas del país.
Techint también es investigado en Brasil por el supuesto pago de sobornos a la estatal Eletronuclear para ser favorecida en un contrato para la construcción de una central nuclear en el país.