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La Comisión Europea (CE) tiene previsto sugerir a los países que incentiven con compensaciones económicas la reducción del consumo de gas de empresas como parte de las medidas de la Unión Europea (UE) para prepararse para un invierno marcado por una probable decisión de Rusia de cortar el suministro al bloque.
El borrador del documento que el Ejecutivo comunitario pretende desvelar el próximo miércoles y al que ha tenido acceso Efe, defiende que el club todavía es capaz de minimizar el impacto de un “posible gran corte” del suministro de gas en invierno si adopta ya una serie de medidas e incentivos.
El texto subraya que los flujos de gas desde Rusia han caído un 30% en comparación con la media del periodo 2016-2021 y parte de esta reducción “ha sido el resultado de acciones repentinas, injustificadas y unilaterales de Gazprom para disminuir o detener las entregas a consumidores europeos con el objetivo de trastocar la actividad económica y manipular los precios”.
“No hay razones para pensar que este patrón cambiará. En cambio, una serie de señales, como la última decisión de reducir aún más el suministro a Italia, apuntan a un probable deterioro de las perspectivas de suministro de gas”, advierte la Comisión Europea.
Este es el contexto que lleva al Ejecutivo comunitario a plantear un plan de contingencia que recoge una serie de medidas para reducir la demanda de gas desde este mismo verano, pero también para incentivar que empresas e industrias recorten el consumo y sustituyan el gas por otras fuentes de energía, incluidos el carbón y la nuclear.
“La CE apoya firmemente las mejores prácticas, como la idea de subastas o sistemas de licitaciones para incentivar una reducción del consumo de consumidores industriales dejando que las industrias ofrezcan esas reducciones del consumo de gas a cambio de compensación”, propone el documento.
Estas subastas, continúa el texto, podrían ser organizadas entre varios países “para maximizar las posibilidades de consumidores que operan en varios Estados miembros y para Estados miembros con menos medios fiscales”.
Otra posibilidad son los llamados “contratos de interrupción”, que contemplan la concesión de compensaciones económicas para financiar una reducción predeterminada del consumo de gas durante un periodo de desconexión.
“Después de haber agotado todas estas medidas, los Estados miembros quizás necesiten empezar a restringir parcial o totalmente (el consumo) de grupos específicos de consumidores que hayan sido identificados en sus planes de emergencia”, reconoce Bruselas, para después indicar que tal priorización puede diferir de unos países a otros.
El plan de contingencia remarca que “cada ciudadano y cada hogar puede ahorrar gas” y pone el acento en el volumen de este combustible que se utiliza en sistemas de calefacción o refrigeración, aunque recuerda que los hogares, la calefacción urbana y algunos servicios sociales esenciales son consumidores protegidos y serían los últimos en sufrir racionamientos.
El informe recalca que “el ahorro de gas se puede materializar ya durante el verano” con una reducción del consumo eléctrico que conllevan los sistemas de refrigeración y en invierno puede ser mayor utilizando “fuentes alternativas de calefacción”, como bombas de calor en los edificios o con campañas de concienciación para bajar un grado la temperatura del hogar.
También sugiere que se obligue cuando sea “técnicamente y legalmente posible” que el termostato de edificios públicos, oficinas y edificios comerciales se ponga a 19 grados centígrados durante el invierno.
Con respecto a las plantas que generan electricidad, el plan recoge la posibilidad de impulsar el uso de combustibles fósiles distintos al gas, pero avisa de que pasar a utilizar biomasa y diésel “requiere garantizar que hay disponibles cantidades suficientes para las plantas que los utilicen”.
En esta línea, recuerda que algunos países han anunciado la reactivación de plantas de carbón y otros han retrasado sus planes para el cierre de las centrales nucleares. Bruselas no censura estas decisiones, pero remarca que las medidas para sustituir el gas “son temporales por naturaleza y deben ser diseñadas de forma que no comprometan” los objetivos climáticos de la UE.
