Rusia vetó este lunes una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un cese inmediato de hostilidades en Sudán, que sufre una devastadora guerra civil desde abril de 2023.
La resolución, presentada por Reino Unido y Sierra Leona, fue apoyada por catorce de los quince miembros del Consejo, pero el único voto negativo de Rusia imposibilitó su aprobación por disponer Rusia de derecho de veto como miembro permanente del Consejo.
El representante adjunto de Rusia, Dmitri Poliansky, explicó que su país entiende la gravedad de la situación en Sudán, donde la guerra ha causado el desplazamiento de diez millones de personas (entre ellos tres millones que huyeron del país) y ha expuesto a la desnutrición y la hambruna a grandes partes del país.
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La razón del rechazó de la resolución sobre Sudán por parte de Rusia
Sin embargo, Poliansky consideró que esa resolución equivalía a “imponer a los sudaneses una decisión del Consejo”, y sobre todo criticó que el texto pecara de parcialidad contra el Gobierno de Jartum y pusiera toda la responsabilidad en los hombros del gobierno de Abdelfatah al Burhan, cuando la ONU “debería cooperar con ellos para resolver los problemas existentes.”
En este punto, Poliansky se refirió sin medias tintas a lo que su país opina sobre los conflictos en África: “Mi país continuará usando el derecho de veto indefectiblemente para prevenir estas situaciones a nuestros hermanos africanos: rechazamos categóricamente la idea de los mecanismos externos de rendición de cuentas sobre los actos de violencia. Se ha demostrado que organismos como la Corte Penal Internacional son totalmente ineficaces”, señaló.
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La compleja situación de Sudán
Desde abril de 2023, la guerra en Sudán entre el Ejército fiel a Al Burhan y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) ha causado más de 23.000 víctimas mortales, según los últimos datos de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA), además de la mayor crisis de desplazados del planeta.
El diplomático ruso repitió varias veces que el Gobierno de Al Burhan es “la autoridad legítima” de Sudán, “el que representa al país ante las organizaciones internacionales”, y por ende toda asistencia humanitaria debería pasar por su control, algo que no garantizaba la resolución.
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