Es raro ver a los operadores de divisas enloquecer por posibles cambios constitucionales en un mercado emergente que apenas conocen. Eso es lo que ocurrió en México tras la arrolladora victoria del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones generales del 2 de junio.
No es que los operadores estén repentinamente preocupados por los peligros que corre la alambicada democracia mexicana bajo el nacionalista AMLO. La cuestión es que, al haberse asegurado en la práctica una supermayoría en el Congreso, la coalición de izquierda del presidente podrá cambiar la Constitución a su antojo. Eso podría hacer mucho más arbitrario el marco jurídico de México. De ahí el nerviosismo de los inversionistas.
AMLO, quien en febrero propuso un amplio paquete de enmiendas constitucionales, de seguro avanzará a toda velocidad con estos cambios. Aprovechará el hecho de que el nuevo Congreso asume el 1 de setiembre, un mes antes de que termine su mandato.
En su opinión —y siempre hay que escuchar a AMLO con atención para entender sus motivaciones—, éste es el momento cumbre de su presidencia, el instante para cimentar su legado estatista tras obtener el respaldo de millones de mexicanos. Nadie, ni mucho menos esa entidad amorfa y poco confiable conocida como “el mercado”, debe interponerse en su camino.
“La justicia está por encima de los mercados”, dijo cuando se le preguntó por la reciente volatilidad de los activos mexicanos. Justificó las reformas con lógica electoral: “La gente quiere eso”.
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Después de que su protegida Claudia Sheinbaum ganara la presidencia con una ventaja de 32 puntos sobre la oposición, AMLO tiene un mandato claro y el apoyo popular para seguir adelante con estos cambios. El sistema político mexicano corre así el riesgo de volver al sistema hegemónico de partido único que lo caracterizó durante la mayor parte del siglo XX.
Esta estrategia presenta dos problemas: En primer lugar, no son buenas reformas, aunque puedan parecer bienintencionadas. Implican elegir a los jueces por votación popular, incluso para la Suprema Corte de Justicia, cuya composición se remodelará por completo el año próximo; eliminar los órganos autónomos; reducir la representación política de las minorías; garantizar que el salario mínimo aumente de acuerdo con la inflación o más cada año.
Si estas enmiendas se aprueban, harán que los servicios públicos sean más débiles y no más fuertes, que la inversión en México sea más onerosa y poco confiable, que el déficit fiscal sea más inmanejable y debilita el Estado de derecho. Es más, ¿por qué se detendría ahí AMLO? ¿Por qué no aventurarse en algunas modificaciones más radicales en esos 30 días en que tiene pleno control político? Este futuro incierto explica la aversión a México por parte de algunos inversionistas, con el peso perdiendo cerca de un 10% desde antes de la votación.
El segundo problema es que es probable que estas reformas perjudiquen la transición: Añaden volatilidad e inseguridad jurídica en un momento en el que la presidenta electa Sheinbaum debería estar tratando de que el traspaso de poder sea lo más suave posible.
No sabemos lo que Sheinbaum piensa en el fondo sobre todo esto. De hecho, cualquier especulación sobre si le preocupan en absoluto los enormes retos que le ha legado su mentor y jefe político es inútil. Hizo campaña incondicional a favor de estas medidas, así que lo mejor es suponer que está a favor de esta concentración de poder.
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Pero al mismo tiempo, la diferencia de tono de los dos líderes es notable: Mientras AMLO fue enfático al decir que su “transformación” debe continuar, culpando a los “traficantes de influencias” por la reciente caída del peso, Sheinbaum se comprometió a abrir un periodo de diálogo. El lunes añadió que propondría que la reforma judicial fuera debatida ampliamente, no sólo por el Congreso sino también por académicos y grupos de la sociedad civil, al tiempo que incluiría sus propias propuestas constitucionales. Un cambio de tono, no de sustancia.
Tal vez se trate sólo de diferencias de estilo, aderezadas con la poco convincente promesa de AMLO de retirarse de la vida pública. Pero la impresión subyacente es que el líder saliente pretende marcar la agenda del próximo gobierno, y eso no es bueno para Sheinbaum. Es muy posible que el peso experimente alta volatilidad con cada giro legislativo en setiembre, cuando conoceremos mejor la profundidad de la revisión constitucional, mientras Sheinbaum contará los días para tomar el poder el 1 de octubre.
En esencia, la enorme victoria electoral de la alianza AMLO-Sheinbaum apunta a dos grandes conclusiones: Primero, los mexicanos están satisfechos con cómo van las cosas en el país, ya que una encuesta de Gallup del año pasado mostró que el 73% consideraba que su nivel de vida estaba mejorando. En segundo lugar, respaldan los esfuerzos de AMLO de construir un Estado de bienestar, algo que México nunca ha tenido como es debido, aunque eso signifique menos libertad política. Los ingresos totales del gobierno solo representan alrededor del 24% del producto interior bruto del país, una cifra muy inferior a la de naciones similares y apenas suficiente para proporcionar servicios públicos de calidad.
Sin embargo, reescribir el marco jurídico de México no logrará necesariamente ese objetivo. De hecho, la Constitución mexicana ha sido modificada al menos 256 veces desde su promulgación en 1917, con cambios a 770 diferentes artículos. Las propuestas de AMLO buscan proteger su legado de futuros giros políticos que puedan perjudicar su posición en los libros de historia.
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Sin duda, también busca que Sheinbaum la tenga más fácil con los jueces que él, pero a costa de dañar la democracia, la reputación internacional de México y su potencial económico. En lugar de buscar mejorar la prosperidad por medio de cambios a la Constitución, AMLO y Sheinbaum deberían centrarse en las políticas públicas sólidas que México necesita. Cabe preguntarse: ¿Una prohibición del uso de vapes, como quiere AMLO, merece ser incluida en la constitución?
La realidad es más sencilla: Para crear un Estado de bienestar funcional como demandan los mexicanos, el país necesita crecer mucho más rápido y recaudar más impuestos. El déficit fiscal sigue creciendo, al igual que el riesgo de una rebaja de la calificación crediticia. Contrarrestar esto requerirá copiosa inversión privada y una reforma fiscal para aumentar los ingresos, algo que la presidenta electa ha descartado por ahora. Dada la ausencia de una oposición fuerte, Sheinbaum pasará gran parte de su mandato sorteando las tensiones entre facciones más radicales y moderadas del partido gobernante, Morena.
Como lo prueba su sexenio, AMLO entendió muy bien que la estabilidad política y financiera son necesarias para el éxito de cualquier proyecto político. Le debe a Sheinbaum la misma estabilidad que él fomentó. Al crear innecesariamente las condiciones para una mayor volatilidad, AMLO está preparando a su sucesora para una perjudicial partida en falso.
Por Juan Pablo Spinetto, columnista de Bloomberg
Esta columna de opinión no refleja necesariamente los puntos de vista del consejo editorial ni de Bloomberg LP y sus propietarios.
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