A Rosa Romero jamás se le pasó por la mente que podría ser desalojada de su humilde casa en una playa de El Salvador. Pero las inversiones inmobiliarias y turísticas, fruto de la cruzada antipandillas del presidente Nayib Bukele, la han acorralado.
Como le ocurre a ella en El Higuerón, 175 km al sureste de la capital San Salvador, cientos de salvadoreños pobres corren el riesgo de perder los hogares que levantaron hace décadas en tierras públicas.
“Mis [cuatro] hijos, yo y ellos, estamos preocupados porque ha venido una señora que dice ser la dueña del terreno [...], me ha demandado para poder desalojarme”, dice esta madre soltera de 41 años a la AFP.
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La casa de Romero tiene paredes y techo de láminas de zinc, el piso es de tierra, no hay divisiones interiores y las ventanas son huecos sin vidrios.
Sus hijos mayores, Joaquín (de 22 años) y Ulises (16), se dedican a la pesca para mantener a la familia.
“Nosotros vivimos del mar y si nos vamos de aquí, ¿de qué vamos a vivir?”, dice Romero mientras muestra dos citatorios judiciales para una “diligencia conciliatoria” de desalojo.
Terrenos en venta
Romero tenía 11 años cuando ella y una hermana mayor se instalaron a vivir a un costado de esta playa del distrito Jucuarán, junto a otras familias pobres. Acababa de terminar la cruenta guerra civil salvadoreña (1980-1992).
Estas tierras eran estatales y las autoridades de la época prometieron darles títulos de propiedad a estas familias, pero jamás lo hicieron.
La playa El Higuerón era casi virgen hasta hace un tiempo, pero ahora atrae a turistas y surfistas.
Esto ha incentivado el desarrollo inmobiliario a medida que han mejorado las condiciones de seguridad en el país con la “guerra” contra las pandillas de Bukele.
En agosto de 2022, el presidente visitó la cercana localidad de Punta Mango para anunciar la construcción de una carretera hacia Surf City 2, zona destinada a hoteles y restaurantes, que incluye a la playa El Higuerón.
“Land for sale” (terrenos en venta), “rooms for rent” (cuartos para rentar) dicen en inglés letreros instalados a la orilla de la ruta, donde bajo un sol calcinante decenas de obreros construyen tres puentes.
Incertidumbre
Unas 625 familias pobres de la zona corren riesgo de desalojo, según la ONG Cristosal y el Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (Milpa), que apoyan a los afectados.
Los terrenos “con acceso al mar cada vez más están siendo acaparados por grupos empresariales” que apuestan al turista extranjero, indica a la AFP Ángel Flores, de Milpa.
El gobierno se abstuvo de comentar este tema.
Flores dice que los megaproyectos de Surf City 2 y del aeropuerto del Pacífico han “disparado” de 3.000 a 28.000 dólares el precio de una hectárea de terreno.
A quienes serán desalojados por el aeropuerto, el gobierno les compró las tierras, pues tenían títulos de dominio, pero los que carecen de ellos viven días de angustia.
Para Surf City 1, en el departamento central de La Libertad, unas 125 familias serán desalojadas de la playa El Zonte.
A ellas les prometieron reubicarlas en una colina cercana, pero la construcción de las viviendas se ve detenida.
Una mujer que tiene un puesto de comida frente a la playa El Zonte, y que prefiere no ser identificada, se lamenta porque va a perder su hogar y su lugar de trabajo.
Además, la humilde comerciante de 55 años está preocupada porque le informaron recientemente que “la [nueva] casita no va a ser regalada”, sino que debe ser “comprada”.
En El Zonte los terrenos ocupados también eran del Estado y pocas familias recibieron títulos de propiedad, aunque han vivido allí por décadas.
“Proceso radical”
Trece de cada 100 familias salvadoreñas tiene “inseguridad en la tenencia del terreno donde residen”, según el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (IUDOP).
Las viviendas se han encarecido en el país por la llegada de extranjeros.
Cristosal y el IUDOP afirman que está en marcha una acelerada “gentrificación”, proceso de densificación urbana en que familias pobres son desplazadas por personas de mayores ingresos.
“Hemos advertido un importante, pero también radical proceso de gentrificación que está limitando el acceso a la vivienda de las y los salvadoreños”, dice la directora del IUDOP, Laura Andrade, a la AFP.
Rina Montti, de Cristosal, sostiene que hay “un repunte de casos de gentrificación” y las autoridades “no están dándoles alternativas a las personas de estas comunidades”.
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