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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el favorito de la izquierda para las elecciones de octubre, está buscando formas de revertir la privatización de la empresa estatal de electricidad Eletrobras planeada por el actual mandatario Jair Bolsonaro, según sus asesores.
La mayor empresa de servicios públicos de América Latina, conocida formalmente como Centrais Eletricas Brasileiras SA , será la venta de activos estatales de mayor perfil -y tal vez la última- del gobierno de Bolsonaro, que decepcionó las esperanzas de los defensores del libre mercado de realizar privatizaciones más agresivas.
Los asesores de Lula dijeron que la transacción que cambia el control mayoritario de la compañía eléctrica a los inversores privados, programada para el jueves, será de corta duración si se realiza. No obstante, muchos expertos legales y financieros dijeron que el acuerdo de privatización tiene muchas salvaguardas incorporadas que harán difícil deshacerlo una vez que se lleve a cabo.
Lula, un feroz opositor a las privatizaciones, ha criticado de manera constante la venta de Eletrobras, diciendo que amenaza la seguridad de Brasil y dejará los recursos de la nación vulnerables a la explotación extranjera. Incluso advirtió a los inversores que no compren acciones de la empresa.
“Para los empresarios que tienen algo de sentido común, es importante contar hasta diez antes de hacer la locura de comprar Eletrobras al precio de un plátano”, afirmó recientemente.
Una impugnación judicial sería fundamental, y cualquier esfuerzo de este tipo podría incluir una recompra masiva de acciones de Eletrobras, dijeron los asesores a Reuters.
Altos cargos del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula subrayaron que cualquier estrategia respetará los contratos y la legislación existentes y que no planean una expropiación como las que abundaron en América Latina en los años setenta.
“Es posible revertirlo”, dijo Guido Mantega, ministro de Hacienda entre el 2006 y 2014 bajo dos gobiernos del PT, sobre la privatización de Eletrobras. “No tengo dudas de que hay formas, aunque, al final, haya que recomprar las acciones”.
El primer paso, señaló Mantega, será buscar “defectos e irregularidades” para llevarlos a los tribunales. Los jueces del Tribunal Federal de Cuentas de Brasil, conocido como TCU, ya han cuestionado el precio de las acciones de Eletrobras, indicó.
Sin embargo, el plan de privatización incluye disposiciones destinadas a impedirlo. El PT y otros partidos de la oposición ya han intentado combatir la privatización de Eletrobras en los tribunales, con un éxito limitado.
El senador del PT Jean Paul Prates, otro asesor de la campaña de Lula, dijo que el partido se centraría en una serie de “cabos sueltos” en el proceso, empezando quizás por la falta de estudios sobre cómo afectaría la privatización a las tarifas eléctricas.
Ni Eletrobras ni el Ministerio de Minas y Energía de Brasil respondieron a las solicitudes de comentarios.
Píldoras venenosas
Revertir la privatización podría ser posible en teoría, pero será difícil en la práctica, dijo Joao Reis, un abogado litigante de la firma Machado Meyer.
“También creo que sería complicado que una decisión política devolviera a Eletrobras a la condición de entidad administrada públicamente”, señaló.
Otro obstáculo: las “píldoras venenosas” en la estructura de privatización obligarían a cualquier inversor, público o privado, a pagar una prima exorbitante para construir una participación más allá de ciertos umbrales.
“Se volvería muy caro, casi inviable económicamente”, dijo Fabio Coelho, presidente de la asociación brasileña de inversores de mercados de capitales AMEC. “Si alguien quisiera comprar más del 50% de la empresa, habría una prima del 200%”.
El Gobierno posee actualmente el 72% de las acciones ordinarias de Eletrobras, incluidas las participaciones del banco estatal de desarrollo BNDES y del fondo nacional de desarrollo FND, según datos de Refinitiv. La venta de nuevas acciones el jueves tiene como objetivo reducir esa participación global del sector público al 45% tras la privatización.
A diferencia de algunas grandes ventas de activos estatales en el pasado, ningún inversor individual, extranjero o nacional, podrá hacerse con el control de la empresa a través del proceso, que establecerá un límite máximo del 10% en las participaciones individuales.
