El fallo que mantiene la inhabilitación por 15 años de la opositora venezolana María Corina Machado yuxtapuso el debate jurídico con la siempre convulsa discusión política: el chavismo oficialista lo presenta como “cosa juzgada” y quiere pasar la página, mientras que las fuerzas de la disidencia insisten en su inconstitucionalidad.
A continuación claves de esta medida, que llevó a Estados Unidos a otorgar un plazo para reimponer las sanciones contra el petróleo, gas y oro del país caribeño, que habían sido flexibilizadas hace apenas tres meses.
El fallo
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció el viernes pasado que Machado “está inhabilitada para ejercer funciones públicas por un período de 15 años”, en respuesta a un recurso interpuesto sobre esta sanción administrativa que nunca le fue comunicada de primera mano.
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“La sala cometió (...) violación al debido proceso y al derecho a la defensa”, cuestionó Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la oposición, en el diálogo con el gobierno para acordar condiciones de cara a las elecciones de este año.
Machado acudió de hecho al TSJ -al que la dirigente cuestiona por su línea oficialista- bajo presión de un mecanismo creado para impugnar inhabilitaciones, parte de los acuerdos en la mesa de negociaciones que tiene a Noruega como mediadora.
La sala validó los supuestos argumentos de la Contraloría de que Machado está “incursa” en actos de corrupción relacionados con Juan Guaidó, dirigente opositor que fue reconocido como presidente interino por Estados Unidos y decenas de países entre 2019 y 2023, con control de bienes públicos bloqueados en el exterior.
También, la acusaron de apoyar sanciones económicas en contra del país sudamericano.
No hubo juicio, fue un proceso “risible”, según Perkins Rocha, abogado de Machado. “En materia jurídica una parte debió alegar y probar y la otra parte debió tener oportunidad de contradecirlo, y un juez declararlo probado. Aquí una parte lo alega ahora y nadie sabe dónde se probó eso”, explicó a la AFP.
El proceso
La Contraloría está facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación, aunque la Constitución establece que solo una sentencia judicial “definitivamente firme” impide aspirar a la presidencia.
“No ha habido ninguna actuación de ningún juez penal, ni una investigación abierta, ni mucho menos, por lo que la inhabilitación es inconstitucional”, destacó el abogado constitucional Juan Rafalli.
Para imponer una inhabilitación se necesita una “sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”, según la Constitución, por lo que se trata de una sanción “accesoria” a una condena dictada por un juez, añadió el abogado.
El chavismo, por su parte, considera que el Supremo puso un punto final al asunto con su sentencia “definitivamente firme”.
“¡Cosa juzgada, cosa sentenciada definitivamente firme, cúmplase y acátese!”, reiteró este miércoles el presidente Nicolás Maduro.
Pero Estados Unidos no lo ve así. Advirtió que, de no revertirse esta medida, reactivará sus sanciones económicas, una medida que el gobierno venezolano calificó de “chantaje”.
El futuro
Machado fue inhabilitada por un año en 2015 por asistir como “embajador alterno” de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció supuestas violaciones a derechos humanos durante protestas ese año en Venezuela.
La sanción fue extendida a 15 años en junio pasado, en el auge de su campaña para las primarias de la oposición, en las que arrasó (tuvo 92% de los votos).
Pero esa pena le fue notificada indirectamente a la opositora, a través del diputado José Brito, quien se identifica como opositor aunque es señalado como colaboracionista del gobierno. Otra irregularidad.
No obstante, Machado nunca acudió a la Contraloría a conocer el caso en su contra, porque siempre lo desestimó y tachó de ilegal. “Se debió haber agotado esa vía y ya tendría de primera mano violaciones flagrantes”, dijo por su parte Gloria Pinho, exjueza y excandadita en las primarias. “Perdió una oportunidad de oro”.
Los juristas sostienen que hay vías de apelación en la justicia. Sin embargo, “al final no es un tema jurídico. Es político”, lamentó Rafalli.
Machado sostiene continuamente que no puede haber elecciones sin su participación, pero su habilitación aparece descartada de plano para el futuro próximo.
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