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Aseguradoras de salud internacionales como UnitedHealth Group y Bupa se preparan para un enfrentamiento con el Gobierno de Chile después de que una serie de nuevas regulaciones y sentencias judiciales empujaran al sector hacia el colapso.
Banmédica, filial de UnitedHealth, envió una carta al Gobierno esta semana advirtiendo que reclamará compensaciones del Estado en virtud del acuerdo de libre comercio entre Chile y Estados Unidos. British United Provident Association (Bupa) envió una carta similar en marzo.
“Instamos al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar que el sistema de salud funcione según lo previsto y que millones de personas continúen teniendo acceso a la atención que necesitan”, dijo Banmédica en un correo electrónico. “Estamos considerando todas y cada una de las acciones a nuestra disposición”.
Entre sus muchas quejas se encuentran un límite a las alzas en las primas impuesto por la Superintendencia de Salud y un decreto que obliga a las aseguradoras privadas, y no al Estado, a pagar las licencias médicas durante la pandemia. Además, la Corte Suprema dictaminó en diciembre que las aseguradoras tendrán que usar una tabla única de factores de riesgo elaborada por el Estado, lo que les impide reajustar las primas por el género o la edad de una persona.
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Las aseguradoras privadas de salud de Chile, conocidas como Isapres, atienden a 3.2 millones de personas, o el 16% de la población. Fonasa, el sistema de seguro estatal paralelo, que atiende a la mayoría de la población, está saturado con alrededor de 2.2 millones de personas esperando cirugías o consultas médicas en hospitales públicos.
Bupa Chile no quiso hacer comentarios para este artículo, mientras que Isapre Nueva Masvida, propiedad de la estadounidense Nexus Partners, declinó confirmar informes de que también reclamaría una compensación.
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Bajo presión
El fallo de la Corte Suprema de diciembre no solo obligó a las Isapres a usar una tabla única de factores etarios, sino que estableció que esta medida será retroactiva a su elaboración en el 2019. El regulador ahora tiene seis meses para diseñar un sistema para que las Isapres devuelvan eventuales excedentes a los afiliados.
“Ese costo podría ser una lápida para las aseguradoras privadas de salud”, dijo Héctor Sánchez, ex superintendente de Isapres y profesor de salud pública en la Universidad Andrés Bello.
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Pero las Isapres también están bajo el asedio de sus propios clientes. Desde el 2010, los chilenos las han demandado en masa para evitar aumentos en sus primas. Los tribunales casi siempre fallan a favor de los clientes y ordenan a las aseguradoras pagar las costas judiciales.
Estos pagos, más un incremento en la cantidad de licencias médicas pagadas y los topes a los aumentos de precios, explican por qué la industria sufrió pérdidas de US$ 150,000 millones en los primeros nueve meses del 2022, según datos de la Superintendencia de Salud.
Si no se puede llegar a un acuerdo bajo los términos de los tratados de libre comercio, el próximo paso sería demandar a Chile en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o CIADI, del Banco Mundial.
