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Tras una semana de renuncias y expulsiones, el Vaticano enfrenta el muy real riesgo de volver a ser reducido al estatus de paria financiero internacional. En los próximos días, sus funcionarios deberán responder un detallado cuestionario a Moneyval, el comité del Consejo de Europa que supervisa las políticas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Lo que tendrán que decir no podrá ser tranquilizador. La Autoridad de Información Financiera del Vaticano (AIF) —agencia regulatoria y piedra angular de una campaña de nueve años para limpiar la imagen de la Santa Sede como refugio de capitales especulativos y negocios turbios— ya no es elegible para recibir información de inteligencia sobre presuntos delitos financieros de sus contrapartes en otros países.
El 19 de noviembre, el Vaticano anunció que no se renovará el contrato del presidente de la AIF, René Brülhart. Desde esa fecha, ha renunciado la mitad del consejo directivo de la entidad y su director (Tommaso di Ruzza) está suspendido de sus funciones.
A principios de este mes, Egmont Group —red de 164 agencias nacionales de inteligencia financiera— excluyó a la AIF del sistema de comunicaciones que sus miembros utilizan para intercambiar información. La decisión, que fue reportada el 20 de noviembre, no fue inesperada. El mes pasado, los gendarmes del Vaticano allanaron las oficinas de la AIF y de la Secretaría de Estado, el equivalente en la Santa Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La intervención obedeció a una orden emitida por los fiscales del Vaticano, en conexión con una controvertida inversión inmobiliaria realizada en Londres por la Secretaría de Estado, que fue reportada por la Oficina del Auditor General y el Instituto para las Obras de Religión, más conocido como Banco Vaticano.
Dudas y sombras
Di Ruzza fue uno de varios funcionarios vaticanos que, seguidamente, fueron prohibidos de ingresar a la ciudadela amurallada. Pero todavía es un misterio el porqué ha sido blanco de las investigaciones. La orden de allanamiento no contenía ninguna acusación específica en su contra y solo indicaba que no estaba claro el rol de la AIF en la transacción. La acción fue incluso más controversial porque los estatutos de la agencia le garantizan protección debido a que suele recabar información altamente sensible.
La AIF no cuenta con un inventario de la data que la Policía incautó y, por ende, no ha podido garantizar al Egmont Group que su información está a salvo. Como es de suponer, esta red ha decidido que no puede correr el riesgo de proporcionar más información a la AIF, que actúa tanto como supervisora bancaria y como unidad de inteligencia financiera.
“La consecuencia directa está en el rol de la AIF como unidad de inteligencia financiera, que ahora es disfuncional”, señala Brülhart. “No se puede tener un sistema eficaz para combatir el lavado de dinero si no se puede intercambiar información con socios internacionales”. Añade que el otro rol supervisor de la entidad se verá afectado indirectamente por la suspensión de Di Ruzza y las renuncias en el consejo directivo.
Apenas unas horas después de la partida de Brülhart, le siguió Marc Odendall, un banquero suizo-alemán jubilado, que declaró que no tenía sentido permanecer en un “cascarón vacío”. De acuerdo con dos fuentes vaticanas, otro de los cuatro miembros del consejo directivo, Juan Zarate, experto estadounidense en lucha antiterrorista, también ha renunciado.
Compromiso papal
¿Se trata de una irregularidad o de una conspiración? Quizás la AIF ha quedado atrapada en medio del fuego cruzado provocado por un ataque contra la Secretaría de Estado ejecutado por sus enemigos internos. Pero pocos en el Vaticano creen que allí las cosas ocurren por casualidad, y hay muchísima gente dentro y fuera de sus murallas que estaría feliz con la restitución de su estatus previo como refugio de la elusión tributaria y de otros embustes financieros.
En cualquier caso, este enredo pone en seria tela de juicio el criterio del papa Francisco, quien convirtió en una prioridad de su papado limpiar el tenebroso sector financiero del Vaticano. En declaraciones a The Wall Street Journal, Odendall señaló que los allanamientos no pudieron haber ocurrido sin la aprobación del pontífice. “Esto ha sido manejado, de principio a fin, por el Santo Padre”.
