Un autócrata socialista conocido por sus críticas a Washington está cosechando elogios de las agencias de calificación crediticia tras convertirse en el mayor defensor de la disciplina fiscal del continente americano.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, obtuvo la semana pasada una mejora de calificación de S&P Global Ratings a BB-, lo que sitúa al país de 7 millones de habitantes al mismo nivel que Colombia y Turquía.
S&P citó los superávits presupuestarios registrados desde 2022, que han reducido la deuda neta del gobierno al 25% del producto interno bruto, desde el 46%. “Las calificaciones ‘BB-’ de Nicaragua reflejan su historial de estabilidad macroeconómica, una fuerte reducción de la deuda neta del gobierno general y la acumulación de colchones externos y fiscales, que esperamos proporcionen resiliencia frente a posibles shocks económicos o externos”, dijo la agencia en su comunicado.
El giro nació en parte de la necesidad. El gobierno de Ortega está sancionado por Estados Unidos y ha quedado en gran medida excluido de los mercados globales de bonos, mientras la legislación estadounidense ha restringido el financiamiento de importantes prestamistas multilaterales. Eso obligó a las autoridades a depender en mayor medida de los ingresos internos para financiar el gasto. Una reforma tributaria de 2019 elevó los impuestos corporativos y amplió el impuesto al valor agregado.
Nicaragua sigue recibiendo financiamiento de China, que prestó al país US$ 1,400 millones entre 2023 y 2025, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica, una entidad multilateral regional en la que EE.UU. no tiene voto. Sin embargo, la economía se ha mantenido resiliente: creció un 4.9% el año pasado y se estima que se expandirá un 3.8% en 2026.
S&P atribuye el crecimiento al fuerte aumento de las remesas, las exportaciones de materias primas y la inversión, incluido el gasto en infraestructura de transporte. Solo las remesas alcanzaron el 27% del PBI en 2025, la proporción más alta de la región. Ese auge es, en parte, consecuencia de la agitación política de Nicaragua. Unos 800,000 nicaragüenses han huido desde 2018, la mayoría hacia EE.UU., cuando el gobierno de Ortega reprimió violentamente protestas antigubernamentales en todo el país.
Cientos de personas murieron y opositores fueron encarcelados mientras Ortega y su esposa, Rosario Murillo, consolidaban su poder y desmantelaban los contrapesos democráticos al Poder Ejecutivo.
Las exportaciones han proporcionado otro impulso. El gobierno ha otorgado a mineras chinas de oro licencias sobre el 11% del territorio de Nicaragua, mientras los elevados precios del metal han contribuido a aumentar los ingresos por exportaciones.
La propuesta presupuestaria del país para 2027, presentada en octubre, prevé otro superávit pese al aumento del gasto. “Hoy podemos decir con firmeza que hemos comenzado a financiar nuestras obras públicas con nuestros propios recursos”, dijo el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, ante la Asamblea Nacional durante la presentación del presupuesto. “Esto genera confianza y es la base para seguir ejecutando proyectos productivos”.
