Frente a un idílico paisaje costero rodeado de lujosos edificios, el balneario de Salinas, en el suroeste de Ecuador, esconde una guerra que escapa a los turistas. Las mafias enrolaron a los pescadores en el narcotráfico bajo su ley de silencio y balas.
“Si reclamas, te mueres”, relata a la AFP un pescador de 35 años que teme dar su nombre por razones de seguridad. Trabaja en el muelle de Santa Rosa, ubicado en esta ciudad de 35,000 habitantes de la provincia de Santa Elena.
El ambiente en el puerto es de absoluto silencio. Miradas de desconfianza aumentan la tensión. “No podemos quedarnos mucho tiempo aquí”, advierte el hombre preocupado.
Como otros pescadores de la costa del Pacífico ecuatoriano, quedó atrapado en un dilema perverso: transportar cocaína a cambio de cuantiosas sumas de dinero o morir por negarse a hacerlo.
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Su barcaza serpentea decenas de lanchas coloridas que flotan junto al muelle, antes de perderse en altamar.
Salinas está ubicada a 150 kilómetros al oeste de Guayaquil, el principal puerto comercial del país y epicentro de enfrentamientos entre bandas que se disputan las rutas del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
La paz reinaba en Ecuador hasta hace unos años, pero hoy el país se desangra, con récords de violencia. Los homicidios pasaron de 6 por cada 100,000 habitantes en 2018 al récord de 47 por 100,000 en 2023.
Tráfico “artesanal”
Santa Elena es bastión político y residencia personal del presidente Daniel Noboa. Desde que llegó al poder en 2023, el mandatario libra una guerra sin cuartel contra el narcotráfico, que a su vez se fortalece en una nación ubicada entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo.
A diferencia de Guayaquil, de donde la droga sale por toneladas en grandes contenedores, en Santa Elena el tráfico hacia el océano Pacífico se hace “de forma más artesanal”, asegura Glaeldys González, investigadora de Crisis Group para Ecuador.
“Lo hacen utilizando embarcaciones de pesca”, aunque también buques de mayor tamaño, semisumergibles “y hasta submarinos”, dice Boris Rodas, capitán de la Marina que comanda la zona.
La mayoría de la droga va hacia Centroamérica, donde se acopia antes de enviarse a Estados Unidos.
El crimen organizado vincula bajo amenazas a los pescadores a lo largo de cientos de pequeños poblados que “son puntos estratégicos de salida” al mar, según González.
En Santa Elena opera principalmente Los Choneros, una de las mayores organizaciones del país, y otras bandas de menor influencia en el área como Los Lagartos, Los Tiguerones, Los Chone Killers e incluso Los Lobos.
“Plata o plomo”
“Nunca conocemos a quienes nos contratan. Hay intermediarios y nunca conocemos al capo”, asegura el pescador.
El transporte de cocaína representa para ellos ingresos que rondan los US$ 10,000 por cargamento, una cifra difícil de rechazar para un gremio donde prima la escasez.
Los peces no abundan como antes y las pocas ganancias recaudadas se evaporan “en gastos de reparación de las embarcaciones”, lamenta otro pescador, también bajo reserva.
Los narcos se aprovechan de los lugareños “principalmente por su conocimiento del mar” y las condiciones climáticas, explica González.
Pero esta dinámica está lejos de ser un intercambio libre. “Estas personas y sus familias son amenazadas” por actores armados, añade la experta, que hicieron suya la máxima del abatido capo colombiano Pablo Escobar: “Plata o plomo”.
“La mitad del dinero se entrega antes de partir y la otra mitad cuando regresamos al puerto con el trabajo hecho”, dice el pescador del muelle de Santa Rosa, aunque reconoce que a menudo solo reciben una fracción de lo acordado. Reclamar podría significarles la muerte.
Fuego cruzado
“Hace unos días mataron a un señor que era pescador”, relata el navegante en voz baja. Todos lo saben, pero nadie quiere hablar al respecto.
Mar adentro, las bandas se disputan las rutas al igual que en tierra firme. Hace unos días, un grupo de pescadores halló un cadáver decapitado sobre las aguas. “Cuando (bandas rivales) se encuentran en el mar, se llenan de plomo entre ellos”, dice.
Los pescadores también caen en medio del fuego cruzado, señalados por alguna organización de colaborar con sus adversarios.
Entre la espada y la pared, ceden a pagar extorsiones a los grupos criminales a cambio de una supuesta seguridad.
En abril de 2023, en Esmeraldas (noroeste de Ecuador), una treintena de pistoleros abrió fuego en un puerto artesanal de pescadores y mató a nueve personas. La sangrienta arremetida quedó grabada en las cámaras de seguridad.
Aunque Noboa declaró en enero el conflicto armado interno y mantiene desplegados militares en calles y cárceles, la violencia no cede. Sólo en los primeros cuatro meses del año se registraron unos 1,900 homicidios, contra los 8,004 de todo 2023.
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