Shakira está a un paso de zanjar sus cuentas pendientes con la justicia española, después de que la Fiscalía y las acusaciones hayan pedido el archivo de su segunda causa abierta por fraude fiscal, aunque la remiten a la vía administrativa para que salde sus deudas con Hacienda.
Según informaron fuentes jurídicas, la Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la Agencia Tributaria y por el gobierno regional de Cataluña (la Generalitat) apoyaron la petición de la defensa de que se archive la causa que la cantante tiene abierta por defraudar 6.6 millones de euros (unos US$ 7 millones) en 2018, con lo que el juzgado no tendrá otra opción que cerrar el caso.
La defensa de Shakira pidió hace tres meses el archivo de la causa por fraude fiscal abierta contra la cantante, quien en agosto del año pasado ya depositó ante la Audiencia de Barcelona los 6.6 millones que le reclamaba Hacienda.
La Fiscalía se pronunció a favor del archivo, pero remitió a la cantante a la vía administrativa para que se ponga al día con Hacienda, de forma que la defensa destinará la suma inicialmente depositada en el juzgado a pagar la deuda que le reclama la Agencia Tributaria.
Respaldaron también la petición de archivo las otras dos acusaciones particulares personadas: la Abogacía del Estado -en nombre de la Agencia Tributaria- y la Generalitat, según fuentes jurídicas.
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“Nos congratulamos de que la Fiscalía, por fin, se haya adherido a nuestra petición de archivo”, apuntó la defensa de la colombiana en un comunicado remitido a los medios.
Fue precisamente la Fiscalía de Delitos Económicos la que presentó la segunda querella por fraude fiscal contra la cantante, pero ahora, tras meses de investigación, ha concluido que no hay indicios suficientes de que cometiera los dos delitos contra la Hacienda pública que se le atribuyen.
La Fiscalía de Barcelona presentó esa segunda querella contra Shakira, en la que le acusaba de usar un entramado societario para eludir el pago de impuestos en las declaraciones del impuesto sobre la renta y del de patrimonio de 2018, cuando la artista estaba a la espera de sentarse en el banquillo a raíz de su primera causa abierta por fraude fiscal.
En ese juicio, el pasado mes de noviembre, la colombiana aceptó el pago de una multa de 7.8 millones de euros, en un pacto con la Fiscalía y la Agencia Tributaria que le evitó el ingreso en prisión, tras asumir que defraudó 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014.
En paralelo a esos frentes penales, Shakira está pendiente de que la Audiencia Nacional española resuelva un litigio que mantiene con la Agencia Tributaria por el ejercicio tributario de 2011, en el que se dirime si la cantante residió ese año en España por encima de los 183 días anuales que, de acuerdo con la ley, convierten a un contribuyente en residente fiscal en el país.
Ese asunto, no obstante, permanecerá en la vía contencioso-administrativa, en la que la defensa de la artista confía poder demostrar que no residió en España tiempo suficiente para estar obligada a tributar, sin que pueda convertirse en un proceso penal.
La querella cuyo archivo pide ahora la Fiscalía sostiene que la cantante defraudó a la Agencia Tributaria 5.3 millones del impuesto sobre la renta, correspondientes a los ingresos que percibió por su gira de 2018 “El Dorado” y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773,600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros.
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