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Hace dos años, una camioneta que llevaba a bordo a cuatro hombres se detuvo con un chirrido frente a la casa de Germán Valdivieso Díaz, donde aún vive con sus padres y dos sobrinos. Los hombres exigieron saber cómo encontrar a Valdivieso. Y luego, amenazaron con matarlo.
Tras retirarse, Valdivieso dijo que su madre aterrorizada lo llamó, instándolo a quedarse en Ciudad de México, donde estaba tomando un curso, a más de 700 kilómetros al noroeste de su casa rural en La Ventosa, cerca de la costa del Pacífico.
La Ventosa, es el nombre de la región conocida por ser el hogar de algunas de las ráfagas de viento más poderosas del mundo. Eso también explica por qué el lugar llamó la atención del gigante energético Electricite de France SA (EDF), que eligió la ubicación para su primer proyecto de energía eólica en México. Los Valdivieso se encuentran entre las familias que arrendaron terrenos a EDF y ahora se encuentran en desacuerdo, tanto con los demás residentes como con la empresa, por las gigantes torres y turbinas que propone construir en sus propiedades. Las discrepancias sobre el proyecto ayudan a explicar por qué los hombres se presentaron en su casa ese día, señaló Valdivieso.
“Las amenazas de muerte dejaron a mi mamá en muy mal estado”, dijo Valdivieso, ahora de 29 años. “Después del incidente, nadie se siente seguro de salir”.
Para ser claros, nadie acusa a EDF de pagar a los hombres que amenazaron a Valdivieso, ni siquiera el propio Valdivieso. De lo que él y otros en la comunidad sí culpan a EDF es de no actuar y prever que sus proyectos eólicos llevarían a algunos residentes locales, desesperados por dinero de los arrendamientos de tierras, al borde de la violencia. Para ellos, es evidente cómo los desarrolladores de energía renovable están creando divisiones entre quienes intentan preservar sus tierras ancestrales y quienes harán casi cualquier cosa por el dinero que tanto necesitan.
Sin amenazas
Funcionarios de EDF aseguraron que la compañía no ha amenazado a nadie y agregaron que condena enérgicamente tales prácticas. En un comunicado, la empresa de servicios públicos controlada por el estado francés dijo que ha “cumplido escrupulosamente” las leyes mexicanas y que reconoce la posición respaldada por las Naciones Unidas de que los pueblos indígenas tienen derecho a dar o negar su consentimiento a proyectos que puedan afectarlos a ellos o a sus tierras.
Desde que EDF erigió su primer aerogenerador en el sur de México en 2009, la compañía ha sido demandada por grupos indígenas y de derechos humanos, y acusada por residentes de apoderarse de sus tierras sin previo aviso. En 2018, la familia Valdivieso unió fuerzas con activistas locales para buscar una orden judicial contra la empresa, y un juez suspendió las operaciones en el sitio de EDF en Gunaa Sicarú en La Ventosa debido a consultas comunitarias incompletas.
Deliberaciones
Para los agricultores de la región, las turbinas son tan invasivas como las minas que han surgido en las colinas ricas en minerales de La Ventosa. Y quizás no sea coincidencia que, según Valdivieso, los hombres que presionaron a su familia por Gunaa Sicarú también le pidieron que abandonara la oposición a las concesiones mineras locales.
EDF dijo que el futuro del proyecto dependerá del resultado de estas deliberaciones. La empresa dijo que ha colaborado con las autoridades mexicanas que están a cargo de realizar las consultas y además ha desarrollado “una relación de confianza y cercanía con las comunidades locales”. La compañía francesa dijo que ha estado involucrada en iniciativas como la reparación de carreteras y la mejora de las instalaciones de saneamiento en las escuelas de La Ventosa y pueblos aledaños en el istmo de Tehuantepec, una estrecha franja de tierra entre el Golfo de México y el Pacífico donde dos cadenas montañosas canalizan una constante y feroz corriente de aire.
Cuarto parque eólico
Gunaa Sicarú sería el cuarto parque eólico de EDF en el área, el cual, de completarse, casi duplicaría su capacidad local instalada. Valdivieso y otros residentes dijeron que la empresa les aseguró que los proyectos generarían empleos e inversiones. En cambio, los parques eólicos han dividido la comunidad que desciende de las tribus precolombinas. Algunos opositores como Valdivieso dijeron que han sido criticados en reuniones públicas por otros vecinos que apoyan la industria por ser “anti-viento”.
Lo que está sucediendo en La Ventosa es parte de una tendencia más amplia en la que las empresas eólicas, solares e hidroeléctricas han llevado a cabo proyectos que han derivado en acaparamiento de tierras en comunidades rurales subdesarrolladas. La Agencia Internacional de Energía, un grupo independiente centrado en la seguridad energética, está pidiendo US$1 billón al año en inversiones en energía limpia para los países en desarrollo para 2030, en comparación con los menos de US$150,000 millones que pedía el año pasado, para lograr emisiones netas cero para 2050.
Para alcanzar ese objetivo de emisiones, las empresas y los Gobiernos deberán mejorar su cooperación con las comunidades locales, y eso no está sucediendo en México y otras partes del mundo. En el desierto de Atacama de Chile, por ejemplo, la extracción de litio y cobre está secando los pastos y agotando los pozos de agua potable. En Myanmar, las operaciones en una represa hidroeléctrica de US$3,600 millones se han estancado desde 2011 debido a la falta de una evaluación ambiental adecuada.
“No hay diferencia en la forma en que operan las industrias extractivas: tomar tierras de las poblaciones, destruir sus cultivos”, dijo Michel Forst, quien en 2017 viajó por México para escribir un informe para la ONU sobre derechos humanos. “Para aquellos que viven allí, que quieren vivir como lo hicieron sus antepasados, su forma de vida se ve destruida de repente”.
