Propuesta para reemplazar Constitución chilena de la era de Pinochet corre el riesgo de fracasar

Javier Alonso, un chileno que trabaja en telecomunicaciones, apoyó en el 2020 la histórica votación que aprobó redactar una nueva Constitución que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Pero ahora su apoyo está en duda.

Recientes sondeos muestran que serían más los chilenos que rechazarían el texto que aquéllos que lo aprueben, lo que preocupa a los artífices y promotores del nuevo texto -entre los que figura el joven presidente progresista Gabriel Boric- que lo ven como una base para profundas reformas económicas y sociales.

Las encuestas “son preocupantes y son un llamado de atención para todos quienes confiamos en este proceso”, dijo Boric esta semana de visita en Buenos Aires. “He conversado con gente que votó ‘apruebo’ y que hoy tiene dudas. Esas dudas no pueden ser sencillamente ignoradas”, planteó, llamando a buscar acuerdos más amplios y “modificar lo que haya que modificar”.

Los promotores del nuevo texto argumentan que la legislación vigente desde 1980 es ilegítima por su origen en la dictadura, que injustamente da más fuerza a la derecha y que agudiza las desigualdades sociales y económicas.

Hace dos años, en un plebiscito, tras meses de protestas callejeras, casi el 80% de los chilenos apoyó escribir una nueva Constitución. Una asamblea electa para eso tiene plazo hasta julio para redactarla y debe ser sometida a un plebiscito de participación obligatoria en septiembre.

Pero las disputas políticas dentro de la asamblea y una serie de temas que van desde pensiones hasta reformar profundamente el Congreso ha sembrado dudas sobre el apoyo que recibirá finalmente.

“Yo todavía no he decidido si voy a votar rechazo o apruebo”, dijo Alonso, de 42 años, en un agudo cambio de opinión desde que en el plebiscito del 2020 fue observador electoral de la campaña a favor del nuevo texto.

Criticó las “propuestas locas de algunos de los convencionales para tener cinco minutos de fama en Twitter” que, según él, le quitan seriedad al proceso. “Empiezo a perder la confianza en que lo que va a salir de esto es algo bueno”.

Si la propuesta es rechazada en el referendo seguirá en vigencia la Constitución actual -que desde su promulgación ha sido sometida a varias reformas- lo que sería visto como un duro golpe para los progresistas y para Boric, de 36 años.

“Este gobierno está muy asociado a la idea de construir un nuevo ciclo que comienza con una Constitución que reemplaza a la de Pinochet. Si gana el rechazo es un terremoto político”, dijo Cristóbal Bellolio, analista político y profesor de teoría política.

Llamados al cambio

La asamblea de 154 miembros se divide en comisiones, cada una a cargo de redactar una parte diferente del nuevo articulado con secciones como medioambiente, justicia y sistema político.

Las propuestas necesitan una mayoría simple para pasar de las comisiones a la asamblea plenaria, donde se necesita una mayoría de dos tercios para ser incluidas en el borrador de la Constitución. Las propuestas rechazadas pueden ser modificadas antes de enfrentar una segunda votación.

Dominada por fuerzas de izquierda e independientes, la Asamblea ha aprobado algunas propuestas polémicas como el acceso a los derechos reproductivos, incluido el aborto, la autonomía de los territorios indígenas y artículos que hacen de la lucha contra el cambio climático un deber constitucional para el Estado.

Si bien esos temas tocan fibras sensibles de un movimiento progresista en ascenso en Chile, han provocado la oposición de conservadores y moderados.

“Mientras que se reclamó por las pensiones, el precio del transporte, el derecho a la salud, vemos una Convención que se ha distanciado de las expectativas de las personas”, dijo Francisco Zambrano, abogado constitucionalista de la Universidad de Santiago.

Pamela Figueroa, analista política de la misma casa de estudios, dijo que la asamblea también había tenido problemas para comunicarse efectivamente con los votantes, a diferencia de los opositores al nuevo borrador que han llevado adelante una agresiva campaña en las redes sociales.

Algunas propuestas ya han fracasado dramáticamente. En marzo, el pleno rechazó la gran mayoría de las propuestas de la comisión de sistema político, incluida una que planteaba cambiar a un sistema de Congreso unicameral en lugar del actual formado por dos cámaras de diputados y senadores.

“La diferencia radica más bien en la solución o en cómo vemos de forma distinta las posibles salidas a una crisis institucional”, dijo Bárbara Sepúlveda, abogada militante del Partido Comunista que es integrante de la asamblea.

Sepúlveda respaldó la abolición del Senado, señalándolo como un órgano conservador que limitaba los cambios que exige la ciudadanía, pero representantes conservadores se negaron, argumentando que la Cámara Alta ejerce un importante contrapeso al poder. La comisión ahora propuso reemplazarlo por una Cámara de las Regiones con facultades debilitadas, pero el pleno aún tiene que revisar esa norma.

También en marzo la comisión ambiental sólo consiguió que una de las 40 propuestas contenidas en un primer informe fuera aprobada por la asamblea. La comisión votará sobre más medidas esta semana, incluyendo algunas relacionadas con la nacionalización del agua y la minería, un importante tema de debate en el mayor productor mundial de cobre.

Juan José Martín, de 25 años, coordinador de la comisión ambiental, dijo que habían aprendido de sus errores y ahora buscaban casi la unanimidad para las normas que presentarían ante el pleno.

“Lo que estamos implementando ahora es una metodología de consensos. O sea, entra (aquello en) lo que todos están 100% de acuerdo, o 99%, pero es un consenso. Eso es lo que entra”, declaró.