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La petrolera paraestatal Petrobras, empresa insignia de Brasil, se encuentra en una encrucijada con la destitución de su presidente por parte de Jair Bolsonaro, contrario a la subida de los precios de los combustibles a seis meses de su búsqueda de la reelección.
El presidente ultraderechista despidió el 28 de marzo al general Joaquim Silva e Luna, segundo presidente de la compañía desde el inicio de su mandato en enero del 2019, luego de haber calificado de “crimen” contra la población los incrementos de precios de los combustibles, de 33% de promedio en el último año. “Es impagable”, dijo Bolsonaro días antes de ejecutar el despido.
También su principal rival en las elecciones de octubre y favorito en las encuestas, el expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), prometió intervenir si gana en la escalada de precios, impulsados por la guerra en Ucrania.
“Prepárense, porque vamos a ‘abrasileirar’ (NDLR: adaptar a la realidad brasileña) el precio del combustible”, adelantó Lula.
Pero las reglas de la compañía, que cotiza en las bolsas de Sao Paulo y de Estados Unidos, sumadas a la falta de autosuficiencia de Brasil en crudo, impiden al Estado, su principal accionista, intervenir.
El despido de Silva e Luna, un año después del de su antecesor Roberto Castello Branco por los mismos motivos, fue un gesto político de Bolsonaro “para dar satisfacción a su electorado”, dijo Gesner Oliveira, economista y profesor de la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo.
Una encuesta del instituto Datafolha de marzo reveló que 75% de los brasileños responsabiliza al presidente de la disparada de la inflación -de 10.54% en un año -, alimentada en gran parte por los combustibles.
Silva e Luna declaró a la revista semanal Veja que sufrió “presiones” del presidente para contener los precios.
“Manipular la política de precios es como manipular la ley de gravedad”, aseguró el general.
Su gestión quedó marcada por subas de 32% en el precio de la gasolina y 56% en el diésel.
En cuanto a los resultados, Petrobras culminó el 2021 con ganancias récord de US$ 19,875 millones, un aumento expresivo (1,641%) respecto al 2020, cuando la pandemia de coronavirus golpeó el mercado energético en general.
Búsqueda de presidente
La designación del nuevo presidente no es tarea fácil: el candidato designado en un primer momento por el gobierno, el economista Adriano Pires, declinó el puesto tras quedar bajo la lupa por un posible conflicto de intereses debido a su gestión en la actividad privada.
También el presidente del popular club de fútbol Flamengo -de Rio de Janeiro-, Rodolfo Ladim, renunció a presidir el consejo de administración.
El ejecutivo designó finalmente para presidir la compañía a José Mauro Coelho, exsecretario del Ministerio de Minas y Energía, con más de 25 años de experiencia en el sector. Su candidatura deberá ser aprobada el 13 de abril en la asamblea de accionistas de la petrolera.
Coelho defendió en octubre pasado la paridad de precios con el mercado internacional, alegando que unos precios artificiales generarían un “riesgo de desabastecimiento”.
El exsecretario podría convertirse en el 40º presidente de la petrolera en sus 68 años de existencia.
“Es un cargo cuya sustitución supone una respuesta política fácil a un problema difícil y económico”, explicó Adriano Laureno, analista de la consultora local Prospectiva.
Privatizar, viejo anhelo del gobierno
Este delicado momento para Petrobras vuelve a poner sobre la mesa un viejo debate sobre la posibilidad de privatizarla, algo a lo que Bolsonaro se ha mostrado favorable.
El presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, aliado del presidente, intentó la semana pasada poner en la agenda la cuestión, defendiendo que Petrobras “no brinda satisfacción a nadie”.
De su lado, el ministro de Economía, el “Chicagoboy” liberal Paulo Guedes, aseguró por su parte en París que privatizar totalmente la empresa es su sueño, aunque descartó que suceda “en el primer mandato” de Bolsonaro.
La venta de la compañía, que para concretarse debería ser aprobada por el Congreso, enfrenta resistencia de la mayoría de los parlamentarios y también de los brasileños (54%), según una encuesta de la consultora Poderdata.
“Existe una visión de que Petrobras es el gran patrimonio del estado brasileño”, explicó Laureno.
Su reputación, no obstante, se vio severamente afectada entre el 2014-2017, cuando sufrió importantes pérdidas debido a la revelación del escándalo derivado de la operación “Lava Jato”, una investigación de la Policía Federal por un gigantesco esquema de corrupción montado entre empresarios, partidos políticos y exfuncionarios de la paraestatal para desviar recursos públicos amañando contratos.
