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Aunque se gana la vida en las aguas protegidas que rodean las famosas Islas Galápagos de Ecuador, el pescador Pedro Asensio tiene dudas sobre la ampliación de la reserva marina creada el mes pasado por el gobierno de su país.
“¿Para qué si, en verdad, ni la primera pueden resguardar bien?”, dijo Asensio, de 48 años, mientras se sentaba en un banco junto al mercado de pescado de Puerto Ayora.
Nacido en la capital municipal de la isla Santa Cruz, de 15,000 habitantes, Asensio es uno de los 460 pescadores que ejercen su oficio dentro de las 40 millas náuticas que conforman la primera reserva de Galápagos.
En la primera reserva, creada en 1998 y de 138,000 kilómetros cuadrados, sólo se permite la pesca manual a pequeña escala por parte de los residentes de Galápagos.
Los 60,000 kilómetros cuadrados añadidos el mes pasado son el primer paso de un plan de Ecuador, Colombia, Costa Rica y Panamá para crear un corredor de migración entre las áreas protegidas para las especies amenazadas por el cambio climático y la pesca industrial.
La pesca está totalmente prohibida en la mitad de la nueva reserva, mientras que en la otra mitad están prohibidas las líneas con anzuelos múltiples, aunque los pescadores pueden utilizar técnicas manuales como el buceo para capturar langostas.
Los ecologistas afirman que la ampliación de la reserva ayudará a proteger especies en peligro crítico, como los tiburones martillo, los tiburones ballena y las tortugas.
Pero los lugareños dicen que la aplicación de la ley se centra erróneamente en ellos y no en los buques comerciales -incluida una flota de 300 barcos de China- que fondean en aguas internacionales cerca de las islas.
“Andamos en alta mar y en las 40 millas nos hemos topado barcos de todos los países que entran ¡Incluso ecuatorianos mismos!”, dijo Asensio.
“Salimos de esta bahía y la marina nos cae encima pidiendo papeles”, dijo el también pescador Mateo Gil, de 28 años.
La campaña por una reserva ampliada comenzó tras la incautación en el 2017 del barco chino Fu Yuan Yu Leng 999, que transportaba 300 toneladas de pesca ilegal, incluyendo tiburones martillo.
Los propietarios del barco fueron multados con US$ 6.1 millones y el capitán y la tripulación fueron condenados a hasta tres años de prisión.
Los residentes y los científicos unieron sus fuerzas a través del grupo Más Galápagos, instando a una protección más estricta de las especies marinas y a la limitación de la pesca en la zona de aguas soberanas de 200 millas alrededor de las islas.
“Los 138,000 km2 de la actual reserva marina han sido muy eficientes en proteger especies costeras, principalmente, pero no para especies que tienen amplios recorridos”, explicó Eliecer Cruz, biólogo y portavoz de la organización.
“Está comprobado científicamente que si proteges las principales zonas de alimentación y reproducción, es una ayuda fundamental para estas especies migratorias”, añadió.
Amenazas
Las prácticas de pesca ilegal e insostenible son, junto con el cambio climático, la principal amenaza para la reserva marina, según los estudios de Más Galápagos.
Entre el 2018 y 2020, 136 embarcaciones industriales ecuatorianas no autorizadas fueron interceptadas en la zona, según cifras del parque nacional de Galápagos.
Los llamados barcos “niñera” rondan justo fuera de la reserva, enviando naves más pequeñas y en gran medida indetectables a las aguas restringidas, dijo Cruz.
Otras prácticas, como el uso de boyas con grandes redes submarinas, pueden resultar mortales para las especies amenazadas.
“Pero todo eso se puede solucionar con un reglamento de pesca que exija que toda embarcación tenga un dispositivo de rastreo electrónico o satelital”, agregó Cruz.
Cuando los pescadores de Galápagos encuentran las boyas con redes, llamadas “plantados”, las venden hasta por US$ 30.
“Se llevan nuestros recursos”, dijo Eddy Fabricio Asensio, de 28 años, sobrino de Pedro Asensio, tras volver de un viaje de diez días a la isla de Marchena. “Cuando vine, hace diez años, se encontraba pesca buena aquí cerca. Ahora uno tiene que navegar un poco más”.
El gobierno de Ecuador afirmó que confía en la infraestructura satelital existente.
“Los ‘plantados’ son un arte de pesca legal. Puede ser que atraviesen ciertas zonas nuestras y vayan a otros lados. Esto no lo podemos controlar, pero en caso de detectarlo, tenemos que salir a confiscarlos”, dijo el ministro de Medio Ambiente, Gustavo Manrique.
Ningún barco extranjero ha entrado en aguas ecuatorianas para la pesca ilegal en nueve meses, aseguró Manrique a mediados de enero, en la inauguración de la reserva ampliada.
Los retos de la aplicación del nuevo corredor son innumerables, reconoció el capitán de navío de Puerto Ayora, Carlos Vallejo, no sólo para la reserva, sino para otros lugares. “No son 198,000 kilómetros cuadrados, son 1.09 millones de kilómetros cuadrados de jurisdicción marítima”, agregó.