En el mercado de confección y venta de ropa más grande de Perú la costurera Diana Yaranga miraba con insistencia su reloj después de que pasado el mediodía seguía sin conseguir un empleo a destajo para obtener dinero para alimentar a su familia.
Por las calles de ese mercado ubicado en Lima, que se extiende a través de 54 manzanas, pasaban hombres cargando bultos de ropa en carretas mientras otros atraían a viva voz a los clientes. De los 100,000 trabajadores del mercado los venezolanos representan alrededor del 20%, según estimaciones del gremio de empresarios del lugar.
Yaranga, de 38 años y quien mantiene a un sobrino con discapacidad y a su madre anciana, está preocupada por la posibilidad de que más venezolanos lleguen a Lima huyendo de la crisis política que atraviesa su país desde las disputadas elecciones presidenciales.
“Todo el mundo está preocupado porque van a aumentar los migrantes, va a haber una pelea por los trabajos... un poco da miedo”, confesó Yaranga, quien por mes junta poco más del sueldo básico peruano de 275 dólares.
Los países de Latinoamérica han acogido a la mayoría de los 7.7 millones de venezolanos que se estima han salido de su país desde 2014, según la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Colombia está a la cabeza como el mayor receptor de migrantes venezolanos seguido de Perú, Chile, Brasil y Ecuador.
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Analistas, políticos y grupos de venezolanos de la diáspora han advertido que podría avecinarse un nuevo éxodo de venezolanos según cómo evolucione la situación política en ese país, donde tanto el presidente Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González sostienen su victoria en los comicios del 28 de julio entre denuncias de fraude y cuestionamientos internacionales.
“No tenemos los recursos regionalmente para atender la migración venezolana”, señaló a The Associated Press Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Migración de la Universidad del Rosario de Colombia.
En los últimos años cada país ha adoptado una política migratoria distinta: mientras Perú exige pasaporte y visa a los venezolanos que ingresan a su territorio, Colombia ha otorgado un documento de identidad excepcional que les permite estudiar, trabajar y acceder al sistema de salud por 10 años y Chile endureció los requisitos y documentos solicitados para la entrada de extranjeros.
Por ahora Perú y Colombia no han anunciado nuevas disposiciones para una posible recepción de más migrantes venezolanos. El presidente colombiano Gustavo Petro ha priorizado los esfuerzos diplomáticos junto a sus homólogos de Brasil y México para intentar mediar en la situación de Venezuela.
En tanto, la presidenta peruana Dina Boluarte ha reconocido el triunfo de la oposición y su canciller ha anunciado que se han reforzado las fronteras.
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Por su parte, el gobierno liderado por Gabriel Boric ha barajado públicamente posibles medidas a adoptar, como reforzar los pasos fronterizos chilenos.
“No es que va a empezar ahora un flujo migratorio. Lo que puede pasar es que se incremente y que alcance dimensiones mucho mayores. Y para eso nos tenemos que preparar”, dijo a la prensa la ministra de Interior chilena, Carolina Tohá.
En una reunión de emergencia reciente para abordar la crisis, su ministerio anunció la adquisición de cámaras térmicas para la vigilancia y control de la frontera a fin de detectar ingresos irregulares.
Aunque el gobierno chileno descartó cerrar las fronteras, busca incrementar la presencia militar sobre todo en los límites con Bolivia y Perú, militarizados desde el año pasado debido al aumento de la inmigración indocumentada. Además, retomó la idea de implementar un sistema de cuotas para acoger a refugiados.
“Si va a haber una situación humanitaria crítica... a lo mejor vamos a tener que replicar experiencias como la que tuvo Europa, que se puso de acuerdo con cuotas y con sistemas acordados entre los países para acoger esos casos humanitarios más severos”, sostuvo Tohá.
Mary Montesino, directora de la organización no gubernamental Proyecto Tepuy y miembro de la Sociedad Civil Venezolana Organizada en Chile, dijo a AP que medidas como la del sistema de cuotas ya habían sido contempladas sin éxito en el Proceso de Quito, iniciado en 2018, en el que los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú intentaron coordinar una respuesta a la migración venezolana.
En Colombia, donde suelen iniciar su travesía los migrantes venezolanos, han sido los mandatarios locales de los departamentos fronterizos quienes han intentado coordinar una posible respuesta al aumento del flujo migratorio y mantienen una mesa activa con diferentes organismos. La AP consultó a Migración Colombia sobre las medidas que se adoptarían pero no obtuvo respuesta de inmediato.
“Lamentablemente la situación de Colombia no es la mejor... está mejor que hace 10 años pero peor que hace dos años, particularmente porque la infraestructura institucional se ha ido desmontando. El gobierno nacional ya no tiene como una prioridad el tema migratorio”, señaló Rodríguez.
Colombia ha otorgado un documento de identidad a más del 71% de los migrantes venezolanos. Sin embargo, los migrantes que eventualmente salgan de Venezuela no podrían acceder automáticamente a ese permiso. Rodríguez explicó que para ello el gobierno tendría que extender su implementación porque sólo fue aplicable a quienes ingresaron antes de enero de 2021 sin documentación y hasta noviembre de 2023 con pasaporte sellado a su ingreso.
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Rodríguez advirtió que la situación sería más compleja para defensores de derechos humanos, periodistas o políticos que quieran buscar refugio en Colombia, por ser un proceso que puede tardar varios años y que no se ha actualizado a la dinámica migratoria de los venezolanos.
En el corto plazo, agregó Rodríguez, se podría dar en Venezuela un éxodo de adultos mayores: padres o abuelos de migrantes que ya están instalados en Colombia, Chile, Perú o Ecuador. “Varias personas ya están trayendo a sus adultos mayores, sobre todo para pasar los próximos meses hasta la posesión presidencial, inicialmente. Pero si la situación no mejora puede llegar a convertirse en un flujo permanente”.
En los últimos años ha aumentado el número de migrantes venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos atravesando la peligrosa selva del Darién que une a Colombia y Panamá.
“Es una alerta humanitaria... con todo el drama que esto implica de exposición a riesgos, a inseguridad personal, alimentaria, a la dignidad comprometida y a toda la vulneración que implica un tránsito hacia el Darién y también hacerse una vida en países receptores”, señaló la senadora colombiana del partido Verde, Angélica Lozano.
Los países receptores se encuentran en una encrucijada entre encontrar soluciones humanitarias que atiendan, por un lado, a las familias venezolanas obligadas a abandonar su país y, por otro, a las demandas de sus propios ciudadanos.
La convivencia no siempre ha sido pacífica y se han dado brotes de rechazo a los foráneos.
“Tendría que ser como en otros países... si quieren venir tienen que cumplir los reglamentos”, dijo la costurera Yaranga.
En Chile el gobierno ha justificado el endurecimiento en los pasos fronterizos debido a que, junto a los migrantes que buscaban refugio, “se mezclaron personas que venían a delinquir”, dijo la ministra Tohá.
Una encuesta de la firma privada de investigación de mercado y opinión pública Cadem, publicada el 4 de agosto, apuntó que un 87% de los chilenos está de acuerdo con la postura que ha adoptado Boric en no reconocer a Maduro como ganador de las elecciones, pero un 61% manifestó su desacuerdo con ofrecer asilo a venezolanos que quieran ir a Chile.
A eso se suma que, debido a trabas burocráticas y dificultades para regularizar su situación, muchos de quienes ingresaron a Chile en los últimos cinco años “no estén integrados a la sociedad”, por lo que “tienen las tasas más altas de pobreza e informalidad laboral”, señaló Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, un grupo de expertos con sede en Santiago.
Según ACNUR, la mitad de los venezolanos refugiados y migrantes de América Latina y el Caribe no pueden costear tres comidas al día ni tienen acceso a una vivienda digna y segura, por lo que muchos de ellos han tenido que recurrir a la mendicidad o el endeudamiento.
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