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Varias ciudades de Bolivia vivieron el lunes un día de agitación social y protestas convocadas por la oposición, organizaciones ciudadanas y gremiales en “defensa de la democracia” y en contra de normas que impulsa el gobierno de Luis Arce.
Son las mayores manifestaciones antigubernamentales desde la crisis del 2019, que precipitó la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
La policía se enfrentó con gas lacrimógeno a manifestantes que bloquearon avenidas y hubo enfrentamientos callejeros sin mayores consecuencias, sobre todo Santa Cruz y Cochabamba, mientras que en La Paz vendedores callejeros y pequeños comerciantes protagonizaron una marcha para rechazar un proyecto de ley contra las ganancias ilícitas que impulsa el gobierno y que los gremiales afirman “afecta a la propiedad privada”.
La protesta es secundada por gobernadores y alcaldes opositores que denuncian al gobierno por utilizar la justicia para “castigar la disidencia y perseguir a los opositores” que protagonizaron las masivas protestas en el 2019, según denunció Manuel Morales, del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Las elecciones que Evo Morales organizó ese año y en las que buscaba un cuarto mandato, fueron señaladas como fraudulentas, lo que detonó un estallido social que dejó 37 muertos. Arce, heredero político de Morales, impulsa procesos judiciales en contra de varios opositores, entre ellos, la expresidenta interina Jeanine Áñez, presa desde marzo acusada de terrorismo, conspiración y sedición.
Áñez era senadora y asumió el poder de manera transitoria mientras se convocaba a elecciones. El proceso se retrasó por meses debido a la pandemia.
Por su parte, Arce atribuyó las protestas del lunes a “unas minorías que solo conciben la democracia cuando las mayorías están silenciosas y excluidas”. Su vicepresidente David Choquehuanca las tildó de políticas y dijo que los opositores buscan desestabilizar al gobierno.
Santa Cruz —en el oriente, motor agroindustrial del país y reducto opositor— era el centro de las protestas. La ciudad la más poblada del país estaba paralizada, sin transporte, con comercios, mercados y oficinas cerradas. La huelga en esa región fue convocada por el gobernador Luis Fernando Camacho, jefe de la segunda fuerza opositora.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, señaló que en gran parte de las ciudades había “normalidad”.
Manuel Morales —del Conade, una de las más activas “plataformas ciudadanas”— dijo que la protesta busca “articular un amplio bloque de oposición política y ciudadana” en contra del “autoritarismo” del gobierno. La oposición política está dividida.
Arce, quien en noviembre cumplirá un año el poder, enfrenta un creciente descontento social ante la crisis económica agravada por la pandemia.
Las protestas sobre todo estaban dirigidas contra Morales, líder del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y quien se mantiene activo en la política. El domingo afirmó que las manifestaciones callejeras opositoras eran pagadas y estaba agitadas por “pitilleros” (vagos y malvivientes).
Para contrarrestar a la oposición, el gobernante MAS convocó para el martes a una marcha en La Paz en apoyo a Arce.
