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El mercado de carbono más grande del mundo está a punto de volverse aún más grande y más ambicioso tras el más reciente plan de Europa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de su Acuerdo Verde.
La Comisión Europea considerará expandir su Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en un intento por reducir las emisiones de carbono “al menos en 55%” desde los niveles de 1990 para el 2030, según un documento preliminar visto por Bloomberg. La meta actual es un recorte de 40%.
De ser aprobada, la meta climática más estricta sería legalmente vinculante para los 27 Estados miembros del bloque y no dejaría por fuera a ningún sector de la economía. Los fabricantes de automóviles se verían obligados a reducir drásticamente las emisiones de sus flotas y las grandes industrias tendrían que pagar más por la contaminación por carbono. Los subsidios a los combustibles fósiles se eliminarían, posiblemente frenando la inversión en combustibles sucios.
La expansión planificada del Sistema de Comercio de Emisiones, que actualmente impone límites de contaminación en aproximadamente 12,000 instalaciones industriales propiedad de empresas de servicios públicos y fabricantes, podría incluir el transporte por carretera y la construcción. La UE también planea endurecer el límite de emisiones del programa, aplicar estándares de contaminación más estrictos a las aerolíneas y regular las emisiones de la industria del transporte marítimo por primera vez.
“Aumentar la ambición climática de la UE para el 2030 también requerirá un límite reforzado del SCE de la EU para crear la señal necesaria del precio del carbono a largo plazo e impulsar una mayor descarbonización”, dice la comisión en el documento que se publicará el 16 de septiembre.
El nuevo objetivo climático para el 2030 incluirá la reducción de los gases de efecto invernadero y su eliminación de la atmósfera, un diseño que podría reducir la carga para algunas industrias.
El precio de los permisos para contaminar en el mercado de carbono se disparó a niveles casi récord a principios de este año cuando Europa comenzó a promulgar su Acuerdo Verde, una estrategia radical para alcanzar la neutralidad climática para el 2050. Las provisiones de referencia para diciembre se negociaron en cerca de 28 euros, un aumento de cuatro veces en los últimos tres años.
El programa de límites e intercambio de derechos de emisión cubre actualmente más de 40% de las emisiones europeas. La propuesta endurecería el llamado Factor de Reducción Lineal del programa, que marca el ritmo al que el límite de contaminación del mercado se reduce cada año. Según el borrador, el FRL se contraería a un ritmo más rápido que el actual 2.2%.
El borrador también ofrece una opción de combinar esta medida con una reducción puntual del límite para acercarlo al nivel de emisiones real.
“La Comisión evaluará más a fondo cómo fortalecer el límite en el contexto de una extensión del sistema y la revisión del funcionamiento de la Reserva de Estabilidad del Mercado (MSR, por sus siglas en inglés) el próximo año”, dice el borrador. El MSR es un instrumento que controla automáticamente el suministro de derechos de emisión de carbono, reteniendo permisos adicionales del mercado.
La UE también estudiará el impacto de un límite más estricto en el número de asignaciones gratuitas que algunas empresas obtienen para disuadirlas de mudarse a regiones con políticas climáticas más laxas. Un análisis de la comisión muestra que “a primera vista, todavía estaría disponible una cantidad significativa de asignación gratuita”.
La limpieza ambiental de Europa no pasará por alto la aviación y el transporte marítimo, los sectores donde las emisiones internacionales de la región han crecido más de 50% desde 1990, según el borrador. La UE ya impone límites de emisión en los vuelos dentro de la región y ahora planea proponer reducir el número de permisos gratuitos para las aerolíneas, aumentando efectivamente el costo de cumplimiento. También quiere incluir “al menos el transporte marítimo dentro de la UE” en el SCE.
La Comisión planea proponer una ley sobre cómo revisar exactamente el SCE a mediados del 2021.
