La mayoría de los salvadoreños apoya el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele como estrategia para combatir las pandillas, pero una gran parte está en desacuerdo con que se suspendan garantías constitucionales, según un estudio presentado el lunes por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
“Hay una opinión favorable que ha crecido con el paso del tiempo. La nota que, en promedio, la gente le da al régimen de excepción en una escala de 0 a 10 es de 8.13″, dijo en conferencia de prensa el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano.
La universidad, dirigida por jesuitas, es una de las instituciones educativas más prestigiosas del país que mantiene una actitud critica ante el gobierno del presidente Bukele y periódicamente publica investigaciones independientes sobre la situación económica, política y los derechos humanos.
El estudio presentado el lunes es la segunda encuesta de la UCA acerca del régimen de excepción, que entró en vigor en marzo de 2022 como medida de mano dura contra la delincuencia y las pandillas en El Salvador.
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En cuanto a la confianza que tienen los salvadoreños en la gestión del presidente Bukele, la calificación otorgada por la ciudadanía es de 8.68 en una escala del 0 al 10.
En febrero, el mandatario salvadoreño se presentó a la reelección —pese a estar prohibida en la Constitución del país— y cosechó una victoria por más del 84% de los votos.
Según la investigación de la UCA, al evaluar el segundo año de implementación del régimen de excepción, apenas 9 de cada 100 salvadoreños dicen no sentirse beneficiados.
Pero el vicerrector Serrano indicó que la aprobación ciudadana al régimen de excepción se nutre en gran medida del desconocimiento de la gente sobre las garantías constituciones que han sido suspendidas.
Al explicar a los entrevistados en qué consiste la suspensión de derechos, el 65% dijo no estar de acuerdo en que se hagan capturas sin orden judicial y el 63% con que no se tenga derecho a la defensa, mientras que el 71% no está de acuerdo con que se extienda el plazo de detención.
“El 92% está en desacuerdo con que se suspenda al menos uno de los derechos constitucionales”, afirmó Serrano.
Desde la aprobación del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y prolongar la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días. Además, una persona puede ser detenida sin ser informada de los motivos de la captura y no tiene derecho a acceder a un abogado defensor.
La semana pasada el gobierno salvadoreño informó que durante la vigencia de la excepción se ha detenido a 79,211 personas por supuestos vínculos con pandillas. Más del 90% de ellos está en prisión sin una sentencia en su contra.
Seis organizaciones defensoras de los derechos humanos presentaron recientemente un reporte en el que registran 6.305 violaciones a los derechos humanos de la población y detallan casos de detenciones arbitrarias, desplazamiento forzado y muertes en las cárceles.
La ONG Socorro Jurídico indicó en un reporte de inicios de abril que durante los dos años de vigencia del régimen de excepción han muerto al menos 241 personas en prisión, que “el 44% murió por muerte violenta, torturas graves” y un “29% por falta de atención médica, es decir, otra forma de torturar a la gente”.
La investigación de la UCA también señaló que “es alarmante que la cuarta parte de la población salvadoreña ha presenciado o ha sido víctima de abuso” por parte de elementos policiales o militares durante el último año de vigencia de la medida.
No obstante, un 72% de los entrevistados dijo que no sienten ningún temor por el régimen de excepción, aunque la mayoría “tiene más cuidado” al compartir su opinión con otras personas.
Según el gobierno, la política de mano dura contra las pandillas se ve reflejada en que la violencia en El Salvador ha disminuido considerablemente desde 2015, cuando se registraron más de 6,665 homicidios y el país era considerado uno de los más peligrosos del mundo.
En 2023, el país cerró con 214 asesinatos, entre ellos, 38 fallecimientos de presuntos pandilleros que murieron en supuestos enfrentamientos con policías y fuerzas armadas. En lo que va de 2024, se contabilizan 34 homicidios, entre ellos dos niños recién nacidos, según datos oficiales.
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