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Únete al canal de GestiónA pesar del vehemente discurso contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), México llega a este Día Internacional Contra la Corrupción sin una clara estrategia gubernamental para combatirla y con escándalos familiares que manchan la imagen del presidente.
“Vivir en una sociedad mejor es lo que estamos buscando, pero para eso hay que acabar con la corrupción, hay que acabar con el influyentismo (sic), hay que acabar con la impunidad y eso cuesta a algunos entenderlo”, expresó el presidente en su tono habitual contra los gobiernos anteriores.
Un discurso que contrasta con los resultados a dos años de su Gobierno.
“Hay un contraste enorme entre la narrativa del presidente y sus acciones, una contradicción muy grande”, sostiene la directora de la organización México Evalúa, Edna Jaime, quien opina que las cosas siguen “como siempre”.
Salpicado por familiares y compañeros
Tras arrasar en las elecciones del 2018, López Obrador prometió a todo un país harto de la corrupción que esta práctica se iba a acabar. “Sea quien sea será castigado”, incluidos “amigos y familiares”, expresó en su discurso de victoria. Pero su imagen de pulcritud se ha ido desdibujando.
El pasado lunes, tuvo que salir al paso ante la noticia de que su prima Felipa Obrador recibió cerca de 365 millones de pesos (US$ 18.43 millones) en contratos otorgados por la petrolera estatal Pemex durante la actual Administración.
“El discurso de que los que estaban antes eran malos porque eran corruptos pero ‘nosotros somos diferentes’ no funciona. Basta con un solo ejemplo, como el de la prima, para tirar todo esto”, dijo Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Y no es la primera vez que López Obrador tiene que dar la cara por un familiar. El pasado agosto, se filtraron dos videos que muestran a su hermano Pío López Obrador recibiendo supuestos sobornos durante una campaña electoral local en el 2015.
El presidente dijo “no abogar por nadie” y ordenó que se investigara, pero tras las pesquisas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró “nada que fuera significativo”.
Y en julio, las autoridades tuvieron que sancionar a la empresa del hijo de Manuel Bartlett, estrecho colaborador de López Obrador, tras conocerse que vendió al Gobierno ventiladores para enfermos de COVID-19 a un precio superior al de mercado.
Alvarado reconoció que ante estos casos, el actual Gobierno ha tenido una respuesta más “contundente” que la que tenían las anteriores Administraciones, pero advirtió que el combate a la corrupción no es solo “reaccionar a la presión mediática” sino tener una estrategia.
Mucho discurso y poca estrategia
Y la estrategia de López Obrador se basa en la idea de que si el presidente da “ejemplo”, el resto de funcionarios no son corruptos.
Pero según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los ciudadanos que han sido víctimas de actos de corrupción por parte del poder público aumentaron del 12% de la población en el 2013 al 16% en el 2019.
El instituto calcula además que en el 2019, los mexicanos tuvieron que pagar un total de 12,770 millones de pesos (US$ 645 millones) en “mordidas”, sobornos o extorsiones para realizar trámites ante las autoridades, sobre todo policiales.
“Los sobornos para la adquisición de contratos, las mordidas para la policía o para tener trámites... Eso no lo puede controlar el presidente. Para eso se necesita una red de instituciones de control que funcionen”, defendió la directora de México Evalúa.
Pero el Gobierno de López Obrador ha dejado sin efecto el Sistema Nacional Anticorrupción, un conjunto de instituciones independientes diseñado en el 2016 por la presión de la sociedad civil.
Y además, bajo la bandera de la lucha contra la corrupción, ha optado por suprimir 109 fideicomisos independientes que gestionaban fondos para ciencia y derechos humanos, mientras adjudica el 70% de los contratos públicos de manera directa.
“Repartir el poder en muchas manos es un mecanismo de control porque dificulta que se pongan de acuerdo para robar. Limita las decisiones discrecionales”, defendió el investigador de MCCI, quien cree que López Obrador busca saltarse “obstáculos”.
Los ojos puestos en los macrojuicios
La promesa del combate a la impunidad de López Obrador pasa ahora su prueba de fuego con los procesos judiciales por corrupción contra la exsecretaria de Desarrollo Rosario Robles y el exjefe de Pemex Emilio Lozoya, ambos del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La Fiscalía logró un pacto con Lozoya que implica a Peña Nieto en el caso Odebrecht, mientras busca que Robles haga lo mismo en el caso de desfalco conocido como La Estafa Maestra.
“La Fiscalía necesita construir un caso sólido ante el juez y no estoy segura de que exista capacidad ni voluntad política para llevarlo a sus últimas consecuencias”, subrayó Edna Jaime, quien teme que todo quede en un “puro show”.
Y es que López Obrador ya ha dicho que para procesar a expresidentes lo deberán avalar primero los ciudadanos en una consulta popular el próximo año.
“Es aberrante, la justicia no se somete a voluntad popular. Las instituciones tienen que operar si tienen indicios de actos criminales”, dijo la activista.
