La crisis en Colombia es una advertencia para EE.UU.

El coronavirus ha devastado la economía de Colombia, que había tenido el crecimiento más rápido en Sudamérica. En respuesta al brote, el presidente, Iván Duque, impuso una estricta cuarentena nacional al tiempo que introdujo un programa de pagos de ayuda directa a 3 millones de hogares pobres, incluido 1 millón sin cuentas bancarias. En gran parte, estas medidas no lograron aliviar el sufrimiento del país. Su economía se contrajo 6.8% en 2020, lo que agregó unos 2.8 millones de colombianos a la pobreza extrema. La proporción de la población considerada de clase media se ha reducido al 25.4%, el nivel más bajo en una década.

El proyecto de reforma tributaria enviado al Congreso el mes pasado habría hecho permanente el subsidio de ingresos mensual de unos US$44 y se le habría ofrecido a 1.7 millones de colombianos más. No obstante, para compensar los costos y preservar la calificación crediticia de Colombia, Duque apuntaba a aumentar los ingresos fiscales —que son de los más bajos como porcentaje del producto interno bruto de cualquier país de la OCDE— exigiendo que más hogares de la clase media pagaran impuestos sobre la renta. El plan también ampliaba los impuestos sobre las emisiones de carbono y eliminaba exenciones al impuesto al valor agregado que beneficiaba en gran medida a la clase rica. Una serie de sindicatos, estudiantes, agricultores y camioneros salieron a las calles en protesta, chocando violentamente con la policía, bloqueando carreteras y provocando escasez de gasolina en todo el país.

En respuesta, Duque retiró su plan original de reforma y aceptó la renuncia de su ministro de Hacienda. Sin embargo, eso no ha aplacado a los manifestantes, a quienes enfurece cada vez más la respuesta letal de las fuerzas de seguridad. Con las elecciones presidenciales programadas para el próximo año, el descontento con Duque está impulsando al líder opositor de izquierda Gustavo Petro, un exguerrillero que ha expresado su admiración por el difunto Hugo Chávez.

La agitación en Colombia refleja una crisis más amplia. En toda América Latina, las bajas tasas de vacunación y un aumento en las variantes de COVID han prolongado la pandemia y obligado a los Gobiernos a mantener altos niveles de gasto público, incluso cuando los ingresos fiscales se han desplomado y el crecimiento sigue siendo lento. Eso, a su vez, ha empeorado los temores sobre la carga de deuda insostenible de la región y forzado a Gobiernos a elegir entre cortar la ayuda que tanto necesitan o arriesgarse a una dolorosa reacción de los inversionistas.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

El primer paso es reconocer que una pandemia no es momento para apretarse el cinturón. Abordar los crecientes déficits presupuestarios, como intentó hacer Duque, seguramente tiene sentido a largo plazo. Pero por el momento, solo se corre el riesgo de avivar la frustración contra el Gobierno y fortalecer la revuelta populista. Duque tiene razón al reducir algunos de sus aumentos de impuestos propuestos y reunirse con los líderes de las protestas, pero no debería capitular ante todas sus demandas, que han crecido para incluir llamados a un ingreso básico universal y un alto a la erradicación de la coca.

EE.UU. y otros países ricos podrían ayudar a facilitar esta elección promoviendo la recuperación económica de la región y acelerando la distribución de vacunas a los países más afectados. En su reunión del próximo mes, la junta del Fondo Monetario Internacional debería aprobar el tema de los derechos especiales de giro para ayudar a las naciones en dificultades. A más largo plazo, la asistencia económica debería centrarse en ayudar a los Gobiernos a luchar contra la evasión fiscal y mejorar el nivel de vida de los trabajadores de la economía informal.

Los disturbios en Colombia son un recordatorio del dolor económico que aflige a decenas de millones en toda América Latina y una advertencia sobre sus posibles consecuencias. Es de interés de EE.UU. y sus socios ayudar a las economías de la región a comenzar a crecer nuevamente.