El primer presidente abiertamente izquierdista de Colombia entró en funciones en agosto de 2022 con la promesa de reducir la desigualdad en uno de los países con mayor inequidad del mundo. Desde que asumió el cargo, Gustavo Petro ha impulsado una serie de reformas con la intención de lograr esta meta. En particular, Petro quiere cambiar los sistemas de salud, de trabajo y de pensiones.
Sin embargo, dos años después de asumir el cargo, las propuestas de ley que sostienen sus reformas emblemáticas están estancadas. Hay oposición en el Congreso de la República de Colombia y en las calles. Petro está perdiendo la paciencia, por lo que está presionando al Congreso para que apruebe las leyes antes de que termine la legislatura el 20 de junio.
Sus aliados moderados están tratando de contenerlo, por temor a que su intransigencia reduzca su nivel de aprobación por debajo del 34% en el que se ha mantenido durante meses.
Las reformas de Petro no son exactamente iguales. Como ejemplo, veamos el sistema de pensiones. La mayoría de los políticos concuerdan en que necesita modificarse. Tan solo un cuarto de las personas mayores en Colombia recibe una pensión. La distribución del gasto no tiene lógica.
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Casi tres cuartas partes se destinan a los hogares adinerados, cuyos miembros tienden a optar por un sistema de beneficios definidos financiado con fondos públicos que les proporciona pagos anuales de hasta el 80% del sueldo medio que percibían al final de su carrera profesional. La OCDE señala que Colombia es el único país de América Latina con un sistema de pensiones que aumenta la desigualdad.
La reforma de Petro pretende ampliar la cobertura a casi toda la población en edad de jubilación, según un análisis del FMI publicado en marzo. Para ayudar a pagar esto, un 80% de todas las contribuciones futuras a las pensiones se canalizarían a planes públicos en lugar de privados, y más personas tendrían que hacer contribuciones obligatorias. No obstante, muchos temen que el nuevo modelo se vuelva inasequible. También mermaría el tamaño y la salud de los planes de pensión privados que son los principales vehículos de ahorro en el país y juegan un papel importante en su sistema financiero.
De pragmático a populista
Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo de Colombia, declara que es probable que la reforma pensional se apruebe porque el gobierno le ha dado “prioridad al diálogo y a prestar atención”. En abril, el Senado aprobó una versión modificada del proyecto de ley, y la Cámara de Representantes empezó a debatirla por última vez el 11 de junio.
No se ha obtenido este nivel de consenso con respecto al sistema de salud. A los colombianos les gusta su sistema sanitario, que es una mezcla de privado y público. En 1993, cuando se estableció, solo una cuarta parte de la población tenía acceso a servicios médicos. En la actualidad, el 95% lo tiene. La proporción del costo de la atención médica que pagan los ciudadanos particulares es de las más bajas del mundo. Sin embargo, en abril de 2023, Petro presentó una propuesta para transformar la participación de las aseguradoras privadas en el sistema de salud, cediéndole al Estado el control de los fondos públicos que estas administran actualmente. Como corresponde, expulsó de su gabinete a los moderados que se oponían al plan.
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Muchos colombianos están indignados. En abril, cientos de miles salieron a las calles para manifestarse en contra de la reforma. El Congreso bloqueó la propuesta de ley. Desde entonces, las aseguradoras más grandes del país han acusado al gobierno de rehusarse a aumentar la contribución que realiza conforme se elevan los costos de los servicios médicos.
Esto las está dejando sin los fondos necesarios para seguir operando. La misma semana en que el Congreso bloqueó la reforma, Supersalud, la entidad encargada de regular a las aseguradoras privadas, tomó el control de las dos empresas más grandes, EPS Sanitas y Nueva EPS. Con un tono despreocupado, Luis Carlos Leal, el director de Supersalud, se refiere a esto como “una coincidencia de la vida”.
Al mismo tiempo, la reforma laboral también está avanzando. La propuesta ofrece beneficios a los trabajadores asalariados, como un mayor pago por horas extras y contratos más largos, mientras que a los trabajadores temporales les garantiza seguridad social. La Cámara de Representantes empezó a debatir el proyecto de ley el 11 de junio. Al cierre de esta edición de The Economist, los legisladores habían aprobado poco menos de la mitad de los artículos en el proyecto, pero es poco probable que lo conviertan en ley mientras siguen trabajando en la reforma pensional.
Petro se está esforzando para movilizar a su base de simpatizantes. En marzo, convocó una asamblea constituyente para reescribir la Constitución del país, pero luego se retractó. Tras las manifestaciones de abril, acusó a la oposición de planear un “golpe blando” y convocó una contramarcha masiva.
La polarización está espantando a los inversionistas. Según Fedesarrollo, un centro independiente de investigación en Bogotá, la capital colombiana, la compra de bienes físicos se ha desplomado a sus cifras más bajas como proporción del PBI desde 2005. El crecimiento también se ha ralentizado. La recaudación fiscal se redujo un 10% en los primeros cuatro meses de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El 6 de junio, el ministro de Hacienda y Crédito Público bloqueó temporalmente los nuevos gastos en proyectos públicos.
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Se agotan las opciones
Los escándalos de violencia y corrupción erosionan el poco capital político que le queda al gobierno. Los tiroteos y secuestros van en aumento en el sur del país, lo cual socava la promesa que Petro hizo en campaña de traer la “paz total”. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otros funcionarios están siendo investigados por supuestos sobornos entregados por medio de contratos de obras públicas en La Guajira, una región sin recursos que Petro se comprometió a ayudar.
A casi medio camino de su mandato, Petro está tratando de llevar a cabo su agenda con una actitud más combativa. Pero tiene que negociar con el Congreso y apaciguar a los manifestantes para reformar con éxito el sistema de bienestar de Colombia. Eso requiere menos populismo y más pragmatismo.
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