La Guardia Civil desmanteló un grupo criminal establecido en la ciudad española de La Coruña (noroeste) y con conexiones en Latinoamérica, que estafaba mediante tecnologías de la información con el conocido como ‘fraude factura’, mediante el cual alteraban las cuentas bancarias de sus víctimas.
El grupo está vinculado a una organización internacional especializada en estafas conocidas como ‘Business Email Compromise (BEC)’, un ciberataque diseñado para obtener acceso a información comercial crítica o extraer dinero a través de un fraude por correo electrónico, informó este sábado el instituto armado español en un comunicado.
Los supuestos delincuentes, que operaban desde un locutorio de La Coruña, se dedicaban a la investigación y recolección de información, suplantación de identidad, engaño, manipulación y, finalmente, la ejecución del fraude.
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La técnica principal utilizada por este grupo era el ‘fraude factura’, en el que, mediante técnicas de intrusión informática, alteraban las cuentas bancarias destinatarias de las mismas.
En el proceso de estafa, el grupo criminal empleaba ‘mulas de dinero’, individuos reclutados para recibir el dinero estafado en cuentas a su nombre, para luego transferirlo a otras cuentas y hacerlo efectivo en cajeros.
Posteriormente, se transformaba nuevamente a digital a través de empresas remesadoras de dinero, facilitando así su envío a un país latinoamericano donde operaban los cabecillas de la organización.
Las investigaciones, iniciadas a principios de año, fueron coordinadas entre distintos Juzgados y Unidades de la Guardia Civil, tras recibir denuncias de perjudicados en toda España e Italia, incluyendo entidades mercantiles, Administraciones Públicas y particulares.
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En la reciente fase de la operación, se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios en los que se detuvieron a cuatro personas.
El valor total de las estafas asciende a más de 51,500 euros, entre España e Italia.
Los detenidos fueron puestos en libertad con la condición de presentarse semanalmente al juzgado y la prohibición de abandonar el país.
La investigación permanece abierta mientras se analiza la información contenida en la documentación y dispositivos incautados.
