El candidato opositor Edmundo González Urrutia descartó por ahora asilarse en alguna embajada en Venezuela luego que la justicia emitiera una orden de captura en su contra, entre rechazo y preocupación internacional.
Un tribunal con competencia en terrorismo ordenó el lunes de noche -apenas minutos después de una solicitud de la fiscalía- la detención del diplomático de 75 años, que denuncia que la reelección del presidente Nicolás Maduro fue fraudulenta y sostiene que él arrasó en los comicios del 28 de julio.
Desde hace poco más de un mes en la clandestinidad, es solicitado por delitos que incluyen “desobediencia de leyes”, “conspiración”, “usurpación de funciones” y “sabotaje”.
“Tenemos poco conocimiento de ese expediente judicial”, explicó este martes su abogado José Vicente Haro a las afueras de la residencia de González en Caracas. La orden, a cargo de la policía judicial, no ha sido ejecutada.
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Haro indicó que González por ahora no ha buscado refugio en alguna delegación diplomática. “No se ha pedido el asilo. Es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia”, dijo.
Maduro lo tacha de cobarde por estar “enconchado”, jerga popular para quien se esconde de la autoridad, y ha dicho que prepara su fuga.
“Siempre utilizan esa clase de estrategias para cualquier persona que hable en contra de ellos (el gobierno)”, estimó Mauricio Mauricio, un ingeniero mecánico de 49 años.
“Pensaba que era una forma de intimidarlo y que se fuera (del país), pero ahorita la emitieron (la orden de arresto) y siento que está en peligro”, dijo por su parte Michelle Méndez, una abogada de 25 años. “Si se va sería muy triste, pero lo entendería”, añadió.
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¿Más sanciones?
“Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza”, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, al tiempo que Brian Nichols, representante estadounidense para América Latina y el Caribe, calificó la orden de arresto como “injustificada”.
Y Estados Unidos, con quien Venezuela no tiene relaciones formales desde hace cinco años, sopesa “una serie de opciones” para demostrar a Maduro “que sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias”, afirmó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
Washington ya impuso en 2019 una batería de sanciones contra el país caribeño, que en los últimos años se han flexibilizado sobre todo en lo referente a explotación petrolera.
El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, rechazó “categóricamente” la medida, al tiempo que un portavoz de Naciones Unidas dijo que el secretario general, Antonio Guterres, “sigue con preocupación” los hechos en Venezuela e insistió en su “llamado a la protección total y respeto de los derechos humanos”.
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Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay igualmente rechazaron “de manera inequívoca y absoluta” la orden de captura.
Venezuela ya rompió relaciones diplomáticas con varios de estos países, tras no reconocer la reelección de Maduro.
La disposición busca “silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana, y constituye persecución política”, indicó el comunicado. “En un país donde no hay separación de poderes ni las garantías judiciales mínimas y donde abundan las detenciones arbitrarias, condenamos estas prácticas dictatoriales”.
La líder opositora María Corina Machado agradeció en X las expresiones de apoyo.
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“Acusador político”
Maduro fue proclamado reelecto para un tercer mandato de seis años, hasta 2031, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que no publicó el detalle del escrutinio como obliga la ley.
La oposición asegura que el triunfo de González se demuestra con las copias de más del 80% de las actas de votación que publicaron en un sitio web, que el chavismo desestima y asegura que son documentos forjados.
Esa página es el foco de la investigación que llevó a la orden de arresto de González.
La orden de captura sigue al desacato de tres citaciones por parte de González, llamado a declarar en la fiscalía como parte de una investigación penal en su contra. El diplomático argumentó hace días que el Ministerio Público actuaba como un “acusador político” que lo sometería a un proceso “sin garantías de independencia y del debido proceso”.
Maduro ha pedido cárcel para González y Machado, también en la clandestinidad. Los responsabiliza de hechos de violencia en las protestas poselectorales, que registraron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos, entre estos un centenar de menores de edad.
La medida contra González coincide además con la incautación por parte de Estados Unidos de un avión utilizado por Maduro y adquirido, según las autoridades, de “contrabando”.
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