Sin sorpresas, la Corte Suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición, que considera “nula” la decisión del tribunal, cuya independencia cuestiona.
Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) “certificar” el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52% de los votos. La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que “certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros” para “el período constitucional 2025-2031″.
La magistrada citó un informe que concluyó que “los boletines emitidos” por el CNE “están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación” y “mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización”. El fallo es inapelable.
El TSJ no dio detalles técnicos del peritaje que llevó a cabo, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada.
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Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con 67% de los votos y publicó en una web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es “forjado”.
A los pocos minutos del fallo, González Urrutia reaccionó en la red social X: “Nula”, dice una ilustración que muestra un documento judicial, acompañado por la etiqueta “No usurparán la verdad”.
Ya la propia Machado y González Urrutia habían adelantado el miércoles, en una carta avalada por la coalición opositora Plataforma Unitaria, que considerarían “ineficaz y nula” una sentencia que “pueda validar el fraude electoral”.
Juristas coinciden en que la acción del TSJ era improcedente, al sostener que la corte suprema asume atribuciones que corresponden al CNE.
“Falta de independencia e imparcialidad”
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro para lo que sería su tercer mandato consecutivo. El canciller Yván Gil, presente en la sede del TSJ en Caracas junto al cuerpo diplomático acreditado, pidió “respeto y no injerencia en asuntos internos”.
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela cuestionó la “falta de independencia e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado”, según un mensaje divulgado en X por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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Machado agradeció “esta firme e inequívoca posición”. “No existe maniobra que pueda otorgarle un ápice de legitimidad a Nicolás Maduro”, agregó la dirigente.
“No es más que un burdo intento de encubrir judicialmente el fraude”, reaccionó por su parte en X Juanita Goebertus, directora regional de Human Rights Watch.
El TSJ dijo que el material electoral queda bajo su “resguardo” y exhortó al CNE a publicar en gaceta oficial los “resultados definitivos”, sin pedir detalle mesa por mesa.
La autoridad electoral alega que no ha divulgado el escrutinio por haber sido blanco de un jaqueo, que también convalidó la máxima corte.
Desacato
Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado en su contra, tras las protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2,400 detenidos.
El mandatario pidió cárcel para ambos dirigentes opositores y la fiscalía ya abrió una investigación penal.
El TSJ, en su sentencia, declaró en desacato a González por su negativa a acudir a las audiencias del proceso de peritaje y anunció que remitirá el fallo al fiscal general, Tarek William Saab, de cara a “sanciones”.
González argumentó que no acudió por considerar que estaría en “absoluta vulnerabilidad por indefensión”.
Maduro cuenta además con la “lealtad absoluta” del alto mando de la Fuerza Armada, que ha descartado llamados de la oposición para apoyarlos.
El Parlamento, también controlado por el chavismo, impulsa una serie de leyes que incluye una legislación contra el fascismo -término que el gobernante chavismo suele usar para descalificar a sus adversarios- y una para regular las redes sociales. La plataforma X fue bloqueada por orden del mandatario.
Ya fue votada una ley de fiscalización de oenegés, criticada por activistas de derechos humanos.
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