:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EJ4TUICTXBFC3PN7BKXQ6LJEJY.jpg)
Únete al canal de GestiónEn plena crisis de suministros y mano de obra, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que en la era posBrexit el Reino Unido dejará de depender de la inmigración para rescatar al mercado, a fin de promover una economía de “altos salarios y cualificaciones”.
Los economistas y los sectores afectados ponderan ahora las consecuencias del nuevo modelo.
La pregunta que circula estos días es si es posible elevar los sueldos y el perfil laboral de los británicos solo restringiendo la inmigración.
Alan Manning, profesor de Economía de la London School of Economics, subraya que se requiere “una estrategia económica más amplia”, pues, aunque la importación de trabajadores afecta a la economía, “hay factores más significativos”.
Sin dar detalles sobre esa visión de conjunto, Johnson admitió que la transición hacia un mercado laboral con menos inmigrantes “requerirá un periodo de ajuste”, en el que algunos sectores se adaptarán y otros perecerán o reducirán su tamaño.
Al frente de la lucha por la supervivencia están la agricultura y la ganadería, que actualmente desechan mercancía y sacrifican animales ante la falta de personal provocada por el Brexit y la pandemia.
Inmigrantes y nivel de vida
Ante la narrativa nacionalista del primer ministro, el director del centro de estudios Resolution Foundation, Torsten Bell, apunta que no todos los inmigrantes son mano de obra barata, sino que sobre todo los de Europa occidental suelen estar bien pagados y por tanto incrementan la media salarial.
Los estudios indican además que la inmigración tuvo un papel “marginal” en la reducción de ingresos que se acusó entre la crisis crediticia del 2008 y el referéndum sobre la salida británica de la Unión Europea (UE) en el 2016, que se debió principalmente “a un aumento de la inflación y la baja productividad”.
Bell constata asimismo que la inmigración ha disminuido “rápidamente” desde el plebiscito y por el COVID-19, cuando se calcula que 1.3 millones de personas pueden haber dejado el país.
Con un nuevo sistema migratorio por puntos en vigor que busca atraer a extranjeros cualificados, el impacto de ese éxodo se nota especialmente en empleos con menos estatus como el procesamiento de alimentos; la hostelería; almacén; administrativos; transportistas y repartidores.
El Sindicato Nacional de Granjeros (NFU, en inglés) ha pedido visados de emergencia para reclutar a carniceros para los mataderos, cuyo colapso ha llevado a los criadores a tener que sacrificar sus propios cerdos ante la imposibilidad de mantenerlos.
“Ayer matamos a 2,500 y en los próximos días sacrificaremos 2,500 más. Se trata de animales producidos bajo contrato para suministrar al comercio minorista, que ahora deben ser eliminados porque no pueden entrar en la cadena alimentaria”, lamenta la presidenta de la NFU, Minette Batters.
Lo mismo sucede en la horticultura, donde los cultivadores de frutas y flores tiran la producción al no poder recolectarla.
“Estamos en una encrucijada. El Gobierno debe decidir si quiere mantener estos sectores o si prescinde de ellos. Esto significará tener que importar alimentos”, afirma Batters, que opina que “una isla con 70 millones de habitantes debería tratar de ser autosuficiente”.
Por contra, el Gobierno ha decidido conceder 5,000 visados temporales a transportistas, ante los bloqueos en la cadena de suministro que han provocado el desabastecimiento en algunas gasolineras y supermercados.
Temporeros en el punto de mira
Una manera en que el Ejecutivo podría satisfacer las necesidades de sectores específicos como el alimentario es “siendo más abierto” en la concesión de visados para temporeros, dice el economista de la Universidad de Oxford Diego Sánchez-Ancochea.
“Si no se les recibe, básicamente se está diciendo a esos sectores que no interesan”, apunta.
Al igual que Manning, Sánchez-Ancochea opina que los bajos salarios sobre todo en esos puestos de trabajo menos cualificados no se deben solo a la inmigración, sino “al bajo sueldo mínimo y las condiciones laborales” en el Reino Unido.
“Sabemos que el mercado laboral británico es muy flexible, con una regulación quizás no suficiente”, afirma.
El experto avisa de que una reestructuración de la economía “va a llevar tiempo” y requerirá cambios en las expectativas de la población, pues puede provocar, por ejemplo, precios más altos y menos disponibilidad de ciertos productos, sobre todo si persisten las tensiones comerciales con la UE.
