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El regulador medioambiental portugués determinará el próximo año si Europa dispondrá de una gran reserva de litio, uno de los ingredientes claves en la carrera global para la electrificación de la industria automotriz.
Se sospecha que Portugal alberga la mayor reserva de este mineral en Europa. Junto al níquel y al cobalto, el litio es una preciada materia prima, imprescindible en la producción de baterías eléctricas para vehículos.
La demanda está en auge mientras los fabricantes tratan de producir flotas de bajas emisiones y los gobiernos procuran acabar con los vehículos impulsados por combustión fósil en medio de la batalla contra el cambio climático.
Pero las minas de litio se ubican principalmente en Australia y Suramérica y es China quien controla la cadena de distribución. Los yacimientos portugueses son una oportunidad para reducir la dependencia europea hacia otras potencias.
La fiebre del litio
La firma de petróleo lusa Galp Energia y el productor de baterías eléctricas sueco Northvolt cerraron este mes un acuerdo para levantar una de las mayores plantas de refinado de litio de Europa.
Con un coste estimado de 700 millones de euros (US$ 787 millones), esta instalación en el norte de Portugal permitiría procesar suficiente material para producir anualmente baterías para 700,000 vehículos en el 2026.
Para ello cuentan con el suministro de la minera británica Savannah, que asegura poseer una de las mayores reservas de litio de Europa Occidental en el noreste de Portugal y está a la espera de la aprobación del regulador.
La empresa portuguesa Lusorecursos también presentó un estudio de impacto medioambiental para abrir una segunda mina en esa zona que tendría su propia planta de refinado.
Esta “fiebre por el oro blanco” del litio en Portugal llega después de que el grupo canadiense Rock Tech Lithium decidiera invertir 470 millones de euros (US$ 530 millones) en una planta de litio en Alemania desde el 2024.
Todos estos proyectos buscan impulsar en Europa las reservas independientes de un recurso estratégico del que China controla más del 40% de la producción mundial y casi un 60% de la capacidad de refinado global.
La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda por este recurso aumentará un 42% entre el 2020 y 2040, en parte estimulada por el esfuerzo de electrificación de la industria del automóvil.
El incremento de demanda va de la mano con una mayor inversión tecnológica para mejorar las capacidades de producción. Este mes, por ejemplo, la química portuguesa Bondalti anunció un acuerdo con empresas australianas para probar un nuevo método de refinado para el litio extraído de Sudamérica.
Demanda creciente
El ministro luso de Medioambiente, Joao Pedro Matos Fernandes, celebró este buen momento y aseguró que el gobierno basa su estrategia industrial en los recursos naturales de Portugal.
Sin embargo, la retrasada licitación de los derechos de prospección de ocho potenciales depósitos no comenzará hasta después de las elecciones legislativas del 30 de enero, aseguró.
También deberá esperar hasta principios del 2022 el veredicto del regulador portugués sobre la mina de Savannah.
Aunque parezca paradójico, la extracción de este recurso imprescindible para la transición ecológica también genera preocupaciones medioambientales.
“La explotación del litio no puede convertirse en una estrategia nacional que nos permite extraerlo de cualquier forma y a cualquier precio”, asegura Nuno Forner, de la ONG ambientalista Zero.
Este activista no descarta una decisión “sorpresa” del regulador, aunque espera que aprueba el proyecto con ciertas condiciones.
En Covas do Barroso, una remota población conocida por su ternera donde está planeada la mina de litio de Savannah, el proyecto causó consternación.
“Ya sabemos que son los poderes político y económico quienes deciden”, dice Nelson Gomes, presidente de un grupo de presión local contrario al proyecto.
Para él, el yacimiento “destruirá tierra agrícola, desviará arroyos y creará montones de desechos”.
El director ejecutivo de la minera, David Archer, asegura que la empresa contempla 238 medidas para “eliminar o minimizar” el impacto del proyecto, con una inversión de unos 15 millones de euros (US$ 17 millones).
