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El gobierno brasileño enviará al Congreso un proyecto de ley para fortalecer las protecciones para los accionistas minoritarios a raíz del escándalo de corrupción masiva en Petrobras que derivó en una indemnización legal limitada en Brasil, a pesar de las exitosas demandas colectivas en el extranjero.
Los funcionarios del Ministerio de Economía encargados de mejorar el funcionamiento de los mercados de capitales de Brasil han creado medidas con la esperanza de enviarlas a los legisladores en el primer semestre de 2020, según Julio César Costa Pinto, director de programas de la secretaría especial del ministerio.
Debido a que la ley brasileña no tiene equivalente a las demandas colectivas, las nuevas reglas permitirían a los accionistas minoritarios solicitar una compensación judicial en caso de mala conducta por parte de la junta directiva de la compañía. El proyecto de ley también exigiría niveles más altos de divulgación para el arbitraje, la forma más común de resolución de disputas corporativas en Brasil, pero que ofrece una transparencia mínima. Al fortalecer las protecciones legales, el gobierno espera impulsar la inversión.
La propuesta obedece a las repercusiones de la investigación masiva de lavado de dinero y soborno centrada en Petrobras, la compañía petrolera estatal.
En enero de 2018, Petrobras acordó pagar US$ 2,950 millones para compensar a los inversionistas estadounidenses. El acuerdo finalizó una batalla legal de tres años con los tenedores de los bonos y ADR de la compañía que presentaron demandas tras acusar grandes pérdidas. También se inició una demanda colectiva en los Países Bajos.
En Brasil, los abogados que representan a los accionistas minoritarios han solicitado el arbitraje después de que los tribunales rechazaron sus demandas.
Impulso de los mercados
El gobierno también está trabajando en otros proyectos de ley para enviar al Congreso con el fin de mejorar el entorno empresarial en Brasil.
Una de las propuestas busca aliviar los costos regulatorios para que las compañías más pequeñas vendan acciones o bonos. Actualmente, estas empresas deben cumplir con las mismas normas que las organizaciones más grandes. Por ejemplo, deben contar con juntas de cumplimiento total. Los costos más bajos podrían fomentar más ofertas públicas.
Otra medida que presentará el Ministerio de Economía establecería diferentes normas para los papeles comerciales y las notas de obligaciones de deuda. En la actualidad, la legislación brasileña trata ambos instrumentos de la misma manera.
El gobierno quiere convertir las notas comerciales en instrumentos regulados por la Comisión de Seguridad e Intercambio de Brasil. De esta forma, podrían negociarse más rápido y facilitar el acceso de las empresas al capital.
Si bien la mayoría de las medidas necesitan aprobación legislativa, algunas solo podrían ser implementadas por el poder ejecutivo.
Según Costa Pinto, en febrero entrará en vigencia un cambio en las normas que rigen los fondos de pensiones que les permitirá comprar bonos de corporaciones no públicas.
Las compañías necesitarían tener un ingreso neto anual de 500 millones de reales (US$ 123 millones), ganancias auditadas de los últimos tres años e información trimestral revisada. Al menos 600 empresas se ajustan al perfil, dijo el funcionario del ministerio.
