El presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró una emergencia económica el miércoles por la noche y anunció una serie de medidas drásticas, entre ellas la eliminación de los subsidios a los combustibles y la flexibilización del régimen cambiario del país.
Las nuevas regulaciones representan una ruptura decisiva con más de 20 años de política económica socialista y buscan apuntalar las finanzas públicas mientras la inflación supera el 20%.
Paz dijo en la misma transmisión sorpresa junto a su gabinete que eliminar subsidios mal diseñados no significa abandono, sino orden, justicia y una redistribución real y transparente que permitirá generar recursos fiscales adicionales que serán compartidos entre el gobierno central y los gobiernos regionales.
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La medida provocó un incremento de 86% en el precio de la gasolina y de más de 160% en el del diésel, los ajustes energéticos más abruptos en décadas. Los nuevos precios se mantendrán por seis meses antes de ser revisados.
Algunas estaciones de servicio en la ciudad de La Paz suspendieron ventas mientras los conductores se apresuraban a abastecerse de combustible subsidiado tras el anuncio, según reportes de medios locales.
Uno de los combustibles subsidiados más baratos de la región, junto con la caída de la producción de gas natural, ha drenado las reservas internacionales de Bolivia, causando escasez tanto de combustible como de dólares y generando un lastre para la economía.
Los recortes a los subsidios vienen acompañados de medidas de protección social, dijo Paz, incluyendo un aumento de 20% en el salario mínimo el próximo año a 3,300 bolivianos (US$ 479).
La Renta Dignidad —un beneficio para adultos mayores sin pensión— aumentará en 150 bolivianos (US$ 22), mientras que un bono escolar para estudiantes de escuelas públicas subirá en 100 bolivianos (US$ 15). Ambos representan un alza de 50%.
El gobierno también anunció un programa extraordinario de transferencias monetarias para las familias más vulnerables.
Agregó que no es asistencialismo, sino que apoyo para familias que han sido devastadas, sugiriendo que el daño provino de decisiones de administraciones anteriores.
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El decreto también autoriza al banco central a asegurar líneas de financiamiento de liquidez, modificar regulaciones internas, emitir instrumentos financieros externos, realizar operaciones de cobertura cambiaria y ejecutar swaps de divisas para estabilizar la balanza de pagos, una opción discutida recientemente con funcionarios de Estados Unidos en Washington.
Paz también anunció un programa para promover y proteger inversiones nacionales y extranjeras que garantice estabilidad jurídica y fiscal por hasta 15 años. Eso incluye garantías de que futuros cambios regulatorios no aplicarán a inversiones protegidas sin el consentimiento explícito del inversionista.
El decreto además instruye al banco central a transitar hacia un “nuevo régimen cambiario”, lo que podría poner fin al tipo de cambio fijo vigente desde 2011, que establecía el boliviano en 6.96 por dólar, frente a casi 10 bolivianos en el mercado paralelo.
